La normativa resalta que estos derechos son esenciales para el fortalecimiento de los derechos laborales y deben ser garantizados por las autoridades nacionales y territoriales.

El despido se considerará injustificado y el empleador podrá ser multado con una sanción económica que varía entre 1 y 5.000 salarios mínimos diarios.

No siempre coincide la fecha en que se estructura la invalidez y las secuelas posteriores, teniendo en cuenta la progresividad.

El senador Fabian Díaz presentó una ponencia alternativa a la del Gobierno.

Si las manifestaciones no sobrepasan límites no se puede afirmar que el trabajador incumple sus deberes.

La iniciativa tiene como objetivo armonizar los avances tecnológicos con los derechos de los trabajadores.