La Corte Constitucional declaró exequibles los artículos del Decreto 2535 de 1993 que tratan sobre la competencia para expedir, revalidar o suspender dichos.

Ante la respuesta del Ejecutivo a la tutela que le ordena garantías para la protesta pacífica, el país se pregunta si esto puede considerarse un desacato y cuáles serían las consecuencias de desconocer un fallo de una alta corte de justicia.

Ámbito Jurídico consultó a expertos en Derecho Penal y justicia penal militar para obtener precisiones jurídicas y académicas en este caso.

Para la Corte Constitucional, el poder de reformar la Carta Política no incluye el poder de sustituirla, esto es, modificar sus rasgos esenciales de identidad.

El decreto pretende descongestionar los centros penitenciarios para evitar contagios y muertes por covid-19, conozca los beneficiarios, el procedimiento de excarcelación y a quiénes no cobijará la medida.

No es posible que este país siga entre los supuestos amigos de la paz y los amigos de la paz con legalidad.