La figura está contemplada en el Decreto 2821 del 2012, que faculta al Ministro del Interior para hacer seguimiento a los procesos electorales.

La entidad señala que los cambios podrían implicar riesgos operativos en el trabajo conjunto de la institución con las fuerzas militares.

Integrantes de los grupos armados organizados y bandas criminales que se sometan a esta ley tendrían una pena de cárcel de seis a ocho años y una libertad condicional de cuatro años.

Se le imputó responsabilidad a la Armada Nacional, a la Policía Nacional y al Ejército Nacional a título de falla en el servicio por sus omisiones determinantes en la ocurrencia de la masacre en San Pablo (Antioquia).

Estamos asumiendo que el único camino hacia negociaciones serias consiste en elevar el costo de la guerra para el agresor.

El derecho a colegiarse de los profesionales legalmente reconocidos aparece asegurado en el artículo 26 de la Carta Política, con tal vigor que se garantiza sin restricción alguna ni permiso previo.

Con relación a la reducción de homicidios por departamentos, el portavoz resaltó una reducción en Chocó, Arauca y Córdoba.

Descargue la sentencia de la Corte IDH que declaró responsable al Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas contra integrantes y militantes del partido político de izquierda.

Se observa a un Gobierno ansioso y precipitado por obtener resultados prontos en su política de ‘paz total’, que, a la postre, pueden resultar contraproducentes.

Sobre este debate, el presidente del Congreso, Roy Barreras, manifestó sus preocupaciones.