La única manera de lograr la ‘Paz Total’ es desmontando las organizaciones que tienen estatus político y las que no lo tienen: Prada

La Fiscalía General de la Nación negó la solicitud enviada por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, de suspender las órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo y Los Pachenca, con el fin de iniciar los acercamientos exploratorios para la ‘Paz Total’ que propone el presidente Gustavo Petro.

En un oficio, el ente acusador le hizo saber al Ejecutivo que no hay un sustento ni un marco jurídico para acoger el pedido. La decisión de la Fiscalía consta de siete páginas y fue firmada por la vicefiscal general Martha Mancera.

Uno de los argumentos expuestos es que la entidad no puede suspender las medidas penales que toman los diferentes jueces del país, pues de hacerlo sería una limitación a los principios de separación de poderes y autonomía judicial.

Igualmente, la Fiscalía recalca que no existe un marco normativo que precise los términos del sometimiento de GAO sin carácter político ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. “No es procedente, por parte de la Fiscalía General de la Nación como autoridad judicial, aplicar el Decreto 1081 del 2015, puesto que este está dirigido única y exclusivamente a los procesos de negociación y diálogo con Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) a los que se reconoce estatus político”.

Por lo anterior, el oficio concluye que “la Fiscalía General de la Nación no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el presidente de la República como miembros representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”.

El Gobierno respondió por intermedio del ministro del Interior, Alfonso Prada, quien aseguró que la Ley 2272 del 2022 “autorizó al Presidente de la República a avanzar en el proceso de diálogos de paz con organizaciones a las que se les reconoce estatus político, y conversaciones exploratorias con estructuras armadas de alto impacto del crimen organizado, con miras a que se avance en su proceso de sometimiento”.

El ministro indicó que el argumento de la Fiscalía está fundamentado en dos decretos que reglamentaron la Ley 418, expedidos en el 2012 y en el 2015, y que “no están diseñados para levantar órdenes de captura de organizaciones armadas de alto impacto del crimen. Eso es exactamente lo que acaba de cambiar la Ley 2272 del 2022, habilitando y facultando al presidente de la República para solicitar este tipo de suspensión de órdenes de captura”.

De acuerdo con Prada, la única manera de tener la ‘Paz Total’ es avanzar en el desmonte de las organizaciones que tienen tanto estatus político como las que no lo tienen, “unas terminarán con acuerdos de paz y las otras con sometimiento y desmantelamiento de las organizaciones del crimen; son dos cosas completamente diferentes”.

“Aspiramos, en las próximas horas y en los próximos días, tener todos los elementos de juicio jurídicos necesarios, para que tengamos la posibilidad de avanzar en los diálogos exploratorios que den como resultado la Paz Total”, concluyó el ministro.

Sobre este tema, el presidente del Congreso, Roy Barreras, mantuvo su respaldo a la política de ‘Paz Total’, pero manifestó preocupaciones por los beneficios que se les podrían otorgar a miembros de estructuras asociadas al narcotráfico, sin que haya sido tramitada en el Congreso previamente una ley de sometimiento para grupos de esa naturaleza.

El senador del Pacto Histórico insistió en que no se puede dar el mismo tratamiento a insurgencias, como el ELN, que a organizaciones asociadas al narcotráfico.“Lean bien el serio pronunciamiento de la Fiscalía. En él se mantiene la voluntad de apoyo a la ‘Paz Total’, pero se hacen unas precisiones legales indispensables para el tratamiento de insurgencias y de narcos, que son las mismas que la presidencia del Senado ha sugerido”, escribió.

Así mismo, agregó que “las insurgencias con origen político pueden recibir tratamiento jurídico en justicia transicional”, pero “los narcos y sus organizaciones deben ir a la justicia ordinaria”, por lo cual instó al Gobierno a presentar la mencionada ley para permitir su sometimiento, incluso en las sesiones extraordinarias que se espera arranquen en febrero.