La expropiación administrativa: herramienta de primera mano en la gestión urbana
Si revisamos los planes de ordenamiento territorial, encontramos que todos los municipios tienen previsto este instrumento como parte del desarrollo de sus proyectos.
La participación en plusvalía
Existen tres momentos que demarcan el nacimiento y el pago de la obligación económica: la causación, la liquidación y la exigibilidad.
Exequibles reglas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales
La Corte Constitucional conoció de una demanda que argumentaba desconocimiento del procedimiento sobre impacto fiscal de los proyectos de ley que ordenen gastos.
La estimación del efecto plusvalía debe estar plenamente sustentada en un estudio de los predios
De lo contrario se le impide al contribuyente ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a las consideraciones de la Administración.
Se puede perder un inmueble por realizar obras sin licencia de construcción
Quien no paga una multa está sujeto a que se le embargue el inmueble y de esa forma lo puede perder.
Cualquier modificación del POT debe tramitarse a través de un proceso de revisión
Debe darse cumplimiento previo a los procedimientos de concertación y consulta ciudadana ante cualquier modificación del POT, incluso en los casos que se tramiten de manera excepcional.
Aunque la revisión del POT es un mandato legal, no existe sanción a los alcaldes por no realizarla
Es obligación de los alcaldes formular la revisión de los POT, según nuevas necesidades y realidades del territorio.
Precisan la acción para controvertir precio indemnizatorio en la expropiación
La expropiación por vía administrativa está sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso para controvertir el precio indemnizatorio.
Efecto plusvalía aplica en actos que impliquen transferencia del dominio sobre un inmueble
Se refiere a la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano.
Demandan tope de valor de la vivienda de interés social
La Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 91 (parcial) de la Ley 388 de 1997.