Liquidación bilateral de contratos regidos por el derecho privado puede darse por fuera del término de caducidad
Se trata de un negocio jurídico válido, que refleja la voluntad de los contratantes, al definir quién, qué y cuánto deben.
Se trata de un negocio jurídico válido, que refleja la voluntad de los contratantes, al definir quién, qué y cuánto deben.
Para que un congresista pierda la investidura su acción debe ser no solo reprochable legalmente, sino dolosa o gravemente culposa.
Característica que califica a estos contratos como negocios incompletos no implica una excepción a la regla general.
Es de precisar que, por ser una reforma constitucional, a la iniciativa le resta otra ronda de cuatro debates en segunda vuelta antes de poder integrarse a la Constitución.
El Consejo de Estado recordó esta regla, contenida en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, en el marco de una acción de cumplimiento promovida en contra de diferentes entidades.
Los titulares de registro que no hayan ingresado la información al sistema en el plazo establecido perderán el registro y deberán iniciar el trámite para la obtención de uno nuevo.
El alto tribunal avocó conocimiento de un proceso en el que una conjuez solicitó indexación de los valores que le fueron liquidados por su labor, teniendo en cuenta un vacío normativo existente desde 1969.
La Sala de Consulta del Consejo de Estado resolvió varias preguntas al Ministerio de Transporte sobre el alcance, procedencia y el procedimiento que debe seguirse al aplicar sanciones por reincidencias infracciones de tránsito.
La Ley 2075 del 2021 se refiere al régimen para liquidar honorarios en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría.
Se definirían los criterios orientados a la identificación e implementación de estrategias que propendan por la generación de espacios de participación ciudadana.
Al resolver un mecanismo de revisión eventual dentro de una acción de grupo promovida en contra de una empresa de energía y otras entidades, el alto tribunal unificó su jurisprudencia.
Una de las modificaciones fundamentales se enfoca a la responsabilidad que a partir de ahora tendrán las empresas de transporte y los generadores si se llegan a presentar exceso de carga.
El Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 3035 del 2013, que determinó la categoría del departamento del Tolima para la vigencia fiscal del 2014.