Confirman responsabilidad de juez que accedió al sistema de gestión de la Rama Judicial para manipular reparto de procesos

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y por la defensa técnica y material de un exjuez en contra de un fallo proferido el 30 de octubre del 2023 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante el cual lo condenó por los delitos de cohecho impropio, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático agravado.

El alto tribunal encontró demostrada, más allá de duda razonable, la responsabilidad penal del procesado como autor y determinador de las mencionadas conductas, al acceder sin autorización al sistema de gestión de la Rama Judicial y usar equipos terminales de redes de comunicación para manipular el reparto de procesos. Además, determinó que el fallo cuestionado no incurrió en irregularidad alguna al dosificar las penas y apartarse del mínimo dentro del primer cuarto de movilidad, pues lo hizo conforme a las particularidades del caso.

De acuerdo con los hechos, en agosto del 2015, una compañía multinacional coreana decidió retirar el derecho de distribución exclusivo de sus vehículos en Colombia a una empresa nacional, a cuyo mayor accionista le comunicaron esa determinación y este conformó un equipo jurídico con el fin de interponer acciones judiciales. En octubre de ese mismo año contactó al oficial mayor de un juzgado civil y por su intermedio al juez titular de ese despacho (demandado) para que lo beneficiara en una demanda verbal de mayor cuantía que interpondría en contra de la multinacional.

Con el fin de manipular el sistema de reparto y que la demanda fuera asignada a dicho juzgado, el juez le indicó al oficial mayor contactar a un exempleado que tenía contactos con el área de soporte técnico. Fueron vinculadas varias personas y en febrero del 2016 la demanda verbal de mayor cuantía en contra de la multinacional fue direccionada al juzgado en cuestión. Este reparto fue manipulado de manera remota desde un computador portátil, se modificó la base de datos, se concretó el reparto deseado y se eliminaron los registros de esas actuaciones irregulares.

Por el compromiso de decretar la medida cautelar y mantenerla en el tiempo, el funcionario judicial recibió, desde diciembre del 2015 y durante el año 2016, entre $ 1.000 a $1.200 millones, aproximadamente. Entre otras consideraciones, la Corte precisó que el acto del funcionario de determinar mediante la inducción a la comisión de las conductas punibles señaladas no puede ser analizado de manera fragmentada respecto del contenido y consecuencia de cada tipo penal, pues conforman un todo enfocado a la manipulación del sistema de reparto, que incluía el cometido de borrar evidencia de la actividad delictiva (M. P. Myriam Ávila Roldán).

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