El debate sobre el porte de armas: cuestión de método

 

Andrés Mejía Vergnaud

andresmejiav@gmail.com

Twitter: @AndresMejiaV

 

La matanza de Sandy Hook, aquella escuela donde Adam Lanza asesinó a 26 personas, entre ellas 20 niños, luego de haber asesinado a su propia madre en su hogar, revivió el debate sobre las armas en EE UU. Adam Lanza iba muy bien equipado para su terrible acto: prueba de ello es que varias de sus víctimas recibieron más de un impacto de bala. Uno de los niños asesinados recibió 11 disparos. Tal capacidad se la permitió su sofisticada arma, un fusil semiautomático de asalto Bushmaster XM-15, una versión comercial de armas de guerra como los M16 y los R15.

 

Es bien sabido el profundo impacto que este hecho generó en el mundo entero, y en particular en EE UU. Allí estaban todavía frescos los recuerdos de la matanza de Aurora, en el estado de Colorado, en la cual un joven, con aparente desequilibrio mental, asesinó a 12 personas e hirió a otras 58 usando varias armas, entre ellas un fusil de asalto con un proveedor capaz de cargar 100 balas.

 

Aurora y Sandy Hook, sobre todo este último hecho, reavivaron en EE UU uno de los más singulares debates políticos que pueden verse en el mundo. Singular por cuanto su origen, sus términos y su contexto son casi exclusivos del entorno cultural y político de EE UU, y al observador internacional le resulta en ocasiones difícil entenderlo. Se trata del debate sobre el derecho de los civiles a portar armas, derecho que en EE UU asume proporciones extraordinarias, por el gran alcance que tiene: este es un país en el cual, con algunas excepciones, un civil puede adquirir en un supermercado un arma de guerra, y por supuesto toda una serie de armas de inferior capacidad. En numerosas jurisdicciones, dicha compra puede hacerse sin que medie ningún trámite, ni siquiera una verificación de los antecedentes del comprador, ni de su historial de salud mental.

 

Este singular derecho tiene a su vez origen en una de las más curiosas, oscuras e incomprensibles normas jurídicas del mundo entero: la segunda enmienda de la Constitución de EE UU. Ella hace parte de la carta de derechos (bill of rights), una serie de cláusulas añadidas al texto constitucional original en 1791. La mayoría de ellas resultan bien familiares al lector moderno: la libertad de expresión, el derecho a no autoincriminarse, la libertad de prensa, la prohibición de penas crueles, el derecho a un debido juicio, etc.

 

Pero la segunda enmienda no resulta tan familiar: ella ordena que no sea restringido el derecho a tener y a portar armas. Lo que hace oscura a esta cláusula es su forma lógica: antes de manifestar que el derecho a tener y portar armas no será infringido, se refiere a una “milicia bien regulada”, y a que esta es necesaria para la preservación de un Estado libre. Pero no está redactada de manera que pueda claramente entenderse en qué medida esto es antecedente o premisa de la instauración del derecho a portar armas.

 

Una realidad cultural

Independientemente de esta dificultad normativa, el hecho es que, por razones de índole social y cultural, el derecho a portar armas hace parte integral de la cultura popular y política norteamericana. De hecho, quienes creen que ese derecho se sostiene únicamente por una intensa actividad de lobby, ejecutada por los fabricantes de armamentos, frecuentemente se encuentran con la sorpresa de que la presión política para no restringir el porte de armas viene fundamentalmente de las bases sociales. Por ello, ninguno de los dos partidos se atreve a asumir el control de armas como bandera propia. El lobby de los fabricantes sin duda existe; sus intereses económicos están bien representados. Pero sería un error atribuir únicamente a este factor la permanencia de esta libertad de tenencia y porte de armas. No en vano, la Asociación Nacional del Rifle (sigla en inglés NRA), la poderosa asociación civil dedicada a defender el porte de armas, tiene más de cuatro millones de miembros carnetizados.

 

Argumentos y métodos

Ese rasgo cultural se transforma en argumentos cuando emergen los debates. Y generalmente surgen dos. El primero, aun cuando descabellado, es sostenido con vehemencia por numerosas personas. El segundo es más interesante, y puede ser objeto de una reflexión filosófica.

 

El primer argumento podría sintetizarse de esta manera: los ciudadanos deben tener derecho a portar armas, y tal derecho no debe tener restricciones, por cuanto la ciudadanía necesita armas para defenderse de las pretensiones despóticas del gobierno. Repito: este argumento es un tanto pintoresco, pero pertenece a la médula de la tradición libertaria que hace parte fundamental de la cultura norteamericana: esa permanente sospecha con la cual se ve al Estado, del cual se piensa está siempre buscando extender más y más su poder sobre el ciudadano y arrebatarle sus derechos y sus propiedades. Para los proponentes de esta visión, bien puede llegar un momento en el cual el uso de las armas sea necesario para rechazar estas pretensiones.

 

Permítanme que por ahora no comente ese argumento, pues el interés filosófico es más cautivado por el segundo. De acuerdo con este otro argumento, la tenencia libre de armas es necesaria, porque ella permite a los ciudadanos buenos disuadir a los delincuentes, y eventualmente defenderse de ellos. Lo sintetizó muy bien Wayne LaPierre, vicepresidente y cabeza visible de la ya mencionada NRA, cuando respondió a quienes reclamaron control de armas luego de la masacre de Sandy Hook. En sus palabras, “lo único que detiene a un hombre malo armado es un hombre bueno armado”.

 

La lógica de Wayne LaPierre, la cual representa el pensamiento de millones de norteamericanos, es la siguiente: para prevenir el crimen, es necesario que las personas decentes y observantes de la ley tengan armas; de ese modo, los criminales calcularán que sus actos tienen un riesgo mayor, pues pueden hallar oposición armada, y tal vez desistan de realizarlos. Y quienes no desistan pueden ser rechazados por el buen ciudadano armado.

 

El interés filosófico de esta discusión radica en lo siguiente: en el fondo, estamos ante una contraposición de metodologías, de maneras de pensar y de tratar de entender la realidad. El argumento mencionado es ejemplo de un tipo de metodología que es, de nuevo, muy propia del modo de pensar libertario. Es una especie de método psicológico/deductivo, en el cual se empieza con presupuestos sobre la psicología humana, y después se hacen deducciones a partir de ellos. Nótese que en ningún momento se recurre a hechos, a datos empíricos. Y sin hacerlo, se extraen conclusiones sobre la realidad fáctica.

 

Veamos el caso de las armas. Se parte allí de la lógica de la disuasión: se asume que el criminal calcula racionalmente las circunstancias y las consecuencias de su acto; así, si estima que el riesgo de encontrar oposición armada es bajo, tendrá más tendencia a cometer el crimen que si cree que le esperarán con disparos. En este último caso, tendrá una tendencia mucho menor a cometer el crimen.

 

En principio esta metodología parece muy razonable. Ella entra en problemas, sin embargo, cuando se pone a prueba con los datos empíricos. Estos nos muestran varias cosas interesantes, las cuales podrían encajar dentro del método anterior, si este abriera sus puertas a lo empírico.

 

Primero: hay agresores que simplemente no calculan racionalmente los riesgos; no importa cuánta oposición armada sepan que hallarán, procederán de todos modos con su acto. Ejemplo: la masacre de Fort Hood del 2009 fue cometida en una instalación militar donde hay hombres armados en abundancia, cosa que no disuadió al agresor.

 

Segundo: el agresor racional bien podría decidir que continúa con su intención criminal aun cuando pueda enfrentar oposición armada; solo que se equipará para enfrentarla: con más armas, o con protección. El asesino de Aurora tenía casco, chaleco y protectores de piernas, los tres de material blindado. Y aun si en ese teatro hubiese encontrado a alguien armado, es poco probable que tal persona hubiera podido igualar su colección de armas de alta potencia.

 

Y tercero: en numerosos casos de tiroteos, buena parte de los heridos o de los muertos son alcanzados accidentalmente por balas del buen ciudadano, o incluso de los agentes de la ley. En un tiroteo ocurrido en el 2012 en el edificio Empire State, un hombre fue asesinado por un agresor. Pero nueve transeúntes fueron heridos por balas de los policías que reaccionaron.

 

Y si estuviésemos dispuestos, como siempre deberíamos estarlo, a atender ante todo lo que dicen los hechos, tendríamos que considerar el que tal vez sea el más contundente: EE UU tiene el régimen más libre de porte de armas del mundo desarrollado. En la lógica de Wayne LaPierre, esto significaría más disuasión y por tanto menos crimen. EE UU, sin embargo, tiene de lejos tasas más altas de crímenes violentos que cualquier otro país desarrollado.