Régimen de partidos: una ilusión por construir

Nadya Aranguren Niño* Abogada internacionalista. Coordinadora Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política.

 “No se trata solamente de atender las expectativas de millones de colombianos que hoy los contemplan con la esperanza de que sus anhelos de renovación y de cambio institucional sabrán ser interpretados cabalmente”. Así lo expresó el presidente Gaviria en el discurso de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente: la misión de esta corporación sería interpretar el sentir de la sociedad colombiana y dotarla de una nueva carta de navegación, que le garantizara al país un andar pacífico en los años venideros y que le permitiera un nuevo esquema de relación con lo público, donde se reflejara la nueva realidad colombiana, que la Constitución de 1886 ya no lograba comprender. La Asamblea Nacional Constituyente fue el escenario ideal para introducir una nueva visión de Estado más social, más garantista, más plural y más liberal.

La década de los noventa comenzó con un desgaste total del sistema bipartidista. El Frente Nacional había institucionalizado la participación casi exclusiva de liberales y conservadores en la política; la posibilidad de que otras fuerzas políticas entraran, aunque formalmente existía, en términos reales era imposible. Los intereses de los ciudadanos sobrepasaban las posibilidades de identificación con los partidos tradicionales, lo que conducía a la necesidad de abrir el espectro a nuevas organizaciones que representaran el pluralismo social y la diversidad ideológica del momento.

Veinte años después, es evidente que la Constitución abrió espacio a nuevas expresiones políticas; sin embargo, la lógica no parece haber sido la del fortalecimiento del sistema de partidos. Aunque la Constitución consagró el derecho de los ciudadanos a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, el carácter abierto de las demás cláusulas relacionadas con estas organizaciones evidencia de cierta manera la intención de que fueran el reflejo de expresiones políticas de los ciudadanos que se aglutinaran alrededor de grandes liderazgos, y no sobre la base de estructuras partidistas. Esta fórmula estaba además reforzada por una convicción de que la democracia podía funcionar sin un sistema de partidos formal y reglado, y por el contrario debía incorporar esquemas de participación directa de los ciudadanos, de manera que fueran sujetos activos de lo público.

Sin embargo, algo falló y la democracia no logró ordenarse a sí misma. La agrupación deliberada y responsable alrededor de liderazgos que garantizaran la pluralidad dio paso a la acentuación de la política personalista, la repetición de prácticas tradicionales y la creación de maquinarias electorales, que llevaron a que en el 2002 fueran 323 las listas presentadas para Senado y 62 los partidos con representación en el Congreso. Este escenario puso sobre la mesa dos problemas del sistema diseñado por la Constitución de 1991: el primero, de tipo operativo, era la inestabilidad en términos de gobernabilidad que presentaba un sistema basado en la autorregulación y la participación ciudadana. En este sentido, las reformas políticas de 2003 y 2009 buscaron dar orden al sistema, bajo la lógica del fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos. Se incorporaron medidas dirigidas a endurecer los requisitos para su conformación, para acceder a representación en el Congreso, para orientar su funcionamiento bajo principios democráticos, promover su actuación en bancada, crear responsabilidades atribuibles directamente a la organización y limitar las prácticas que condujeran al favorecimiento de intereses ilegales. Es decir, se pasó de un sistema abierto y que presumía la buena fe de la democracia y sus instituciones políticas, a uno minuciosamente reglado y con respuesta a cualquier situación de la que se pueda sentir desconfianza.

El segundo problema, que seguramente no es originario de la Constitución, sino del que tal vez es reflejo el esquema allí implementado, es el rompimiento de la identidad entre ciudadanos y partidos políticos. Cada vez es más notorio el poco interés de la población por estas organizaciones políticas; la filiación política no tiene atractivo alguno para los ciudadanos, quienes buscan en líderes particulares la identificación de sus intereses, y no tienen problema en pasar de un partido a otro, sujetos a los devenires políticos de sus candidatos. Este es un problema que ya muchos han identificado; ahora, lo que resulta paradójico es que las fórmulas que se han planteado al problema de la gobernabilidad no han venido acompañadas de soluciones al problema de identificación con los partidos. Hay dos escenarios que pueden explicar este fenómeno: o esperan de manera algo ingenua que con partidos más fuertes y disciplinados surja en los ciudadanos el deseo natural de ser parte de estos, o la practicidad es la clave y prefieren un sistema que opere sobre una nueva labor de interpretación del sentir ciudadano que no lleve a nada nuevo ni mejor.

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