¡Qué burros!

Es noticia conocida que la indignación recorre a España. Los desaciertos políticos, económicos y sociales de la clase dirigente rebosaron la copa de los ciudadanos, que desde hace dos años reclaman un cambio que acabe con el desempleo, la precariedad laboral, la presión hipotecaria, entre otras situaciones derivadas de una crisis económica que sus líderes no han sabido manejar.

Pero hoy, en Andalucía, los que andan indignados son ni más ni menos que los causantes de la indignación. Y todo por cuenta de una sentencia en la que un juez de Córdoba, también indignado, tildó de “burros” a los políticos (“con todos los respetos para con los equinos”, aclara el fallo).

El autor de la ya célebre providencia es el juez de lo Social número 2 de Córdoba, Manuel Oteros, quien, a sabiendas de haberse podido extralimitar, incluyó a los pollinos (a los de cuatro patas) en su ratio decidendi.

El asunto tiene que ver con una sanción de tres años de suspensión impuesta a un empleado del Instituto de Deportes que habría incumplido las funciones esenciales de su cargo. Cuenta la historia que el funcionario negoció y aprobó por fuera de la ley los términos de la construcción de un campo de fútbol. Sin embargo, para el juez, la conducta del servidor público, lejos de ser constitutiva de una falta disciplinaria, “es más demostrativa de ingenuidad y candidez, que de cualquier otra cosa”.

Resulta que el pliego de condiciones de la obra se aprobó en julio del 2009, pero solo se adjudicó, a última hora, en marzo del 2011. Debido a la premura, los trámites de ejecución se aceleraron, y la obra terminó haciéndose con un anteproyecto. Como era de esperarse, surgieron complicaciones, y las autoridades involucradas en el asunto terminaron descargando su responsabilidad administrativa en el subordinado.

Según el juez Oteros, en este caso se cumplió “el proverbio que dice que cuando se pelean los burros..., y eso es lo que da la impresión a este juzgador, que lo burros se han peleado y paga el arriero, que en este caso no es otro que el empleado público”.

Para el togado, la obligación de los burros, “en este caso los políticos todos”, habría sido lograr la financiación coordinada de la obra dentro de los plazos previstos. Y si se sabía que estos no se podían cumplir, no haber firmado el convenio respectivo. Por lo tanto, a su juicio, fue “el probo empleado público el que se ofreció o al que recurrieron para salvar la situación”.

El juez no halló en la conducta del sancionado “ningún género de intencionalidad en la causación del perjuicio a la administración, ni ningún daño al interés público, ni negligencia de clase alguna”. Por esa razón, ordenó revocar la suspensión. Eso sí, les advirtió “a los burros que más les valdría a los arrieros, que somos todos, que se dejaran de pelear y se pusieran a andar”.

Para cerrar sus motivaciones, y agregándole un toque de emotividad a la decisión, se declaró “un indignado más que se toma la licencia de hacer los anteriores comentarios con la libertad que da el tener que someterse antes de que se notifique la sentencia a intervención quirúrgica (la quinta en siete meses) y no saber si podrá oír las críticas que con toda seguridad le vendrán”.

¿Será que tacó burro?... Bueno, tampoco sabemos si chupó gladiolo.

(Fuente: diariodecordoba.com)