Columnistas
Mucho cuidado con el futuro de la Superfinanciera
20 de Septiembre de 2011
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Néstor Humberto Martínez Neira Socio de Martínez Neira Abogados Consultores
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En medio de la debacle bancaria mundial y los juicios de responsabilidad que se inician contra los supervisores financieros del mundo, da gusto saber que nuestros mercados atraviesan por un proceso de estabilidad franco y real, en lo que ha tenido mucho que ver la tarea que ha cumplido la Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) como máximo ente de control del sistema de pagos de nuestra economía.
En este contexto, preocupa el reciente anuncio oficial acerca de la iniciativa de asignar el control y vigilancia de las EPS a la Superfinanciera. Frente a la crisis que experimentan estas entidades, y en particular el sector salud, las autoridades han considerado plausible pasar competencias actuales de la Superintendencia de Salud (Supersalud) a la Superintendencia Financiera, lo que sería francamente inconveniente y pondría en riesgo futuro el bien ganado prestigio de dicha autoridad.
La iniciativa que se comenta comprometería la especialización del control y vigilancia sobre los intermediarios financieros, siendo que la estabilidad del sector financiero de un país demanda la existencia de una supervisión bancaria especializada. Esta se ha venido consolidando entre nosotros con buen suceso, al punto de que Colombia ha permanecido al margen de las recientes crisis financieras de carácter global. Se recuerda, inclusive, que en los años ochenta, frente a la primera quiebra bancaria global, la del banco BCC, Colombia fue el único país del mundo en que dicha casa bancaria no cerró sus puertas, ni fue objeto de intervención, justamente por la acción temprana que respecto de la entidad ejerció la entonces Superintendencia Bancaria (Superbancaria).
La bien ganada reputación técnica y moral de la Superintendencia la llevó en el pasado a que se le asignaran responsabilidades contrarias a su misión funcional, con resultados desalentadores. Así, por ejemplo, para enfrentar una crisis coyuntural por defraudaciones en el sistema de ahorro para adquisición de vivienda, por iniciativa del presidente Lleras Restrepo y mediante la Ley 66 de 1968, se le atribuyó la tarea de controlar y otorgar los permisos para enajenación de inmuebles destinados a vivienda a nivel nacional. La historia cuenta que frente a la gravedad de la crisis que se presentaba, el presidente Lleras optó por confiar esas responsabilidades a la Superintendencia, por estimar que ella era desde entonces la más pulcra entidad gubernamental, lo que le permitiría enfrentar con responsabilidad los embates de los urbanizadores piratas que engañaban anualmente a miles de colombianos. De esta manera, se le expuso a labores que desconocía y que fomentaban la corrupción, por lo que fue necesario derogar dichas atribuciones en el año de 1987, para atribuirlas directamente a los distintos municipios del país.
De igual manera, en época reciente, se le impuso a la Superintendencia la tarea de acosar y reprimir la actividad de los captadores ilegales de ahorro, en detrimento de su responsabilidad esencial de ejercer la inspección y vigilancia del mercado formal del ahorro y del crédito. Semejante compromiso no ha hecho cosa distinta que distraer a la Superintendencia de su mayor responsabilidad, debiendo ser labor policiva la persecución de los “piratas financieros”.
Ahora bien, desde hace un poco más de un lustro, con ocasión de la fusión de las superintendencias Bancaria y de Valores, la Superintendencia se encuentra desarrollando un nuevo modelo de supervisión integral del mercado financiero, que empieza a mostrar sus bondades. Resultaría inoportuno que mientras no se consolide cabalmente el mismo se le atribuyan nuevas responsabilidades a la autoridad de control de los bancos.
En últimas, no puede olvidarse que la Supersalud nació en los años noventa, con un futuro promisorio, bajo la tutela de la Superbancaria. Fue así como el Plan Único de Cuentas, las disposiciones sobre calificación de riesgos y otras regulaciones de supervisión prudencial fueron compartidos con buen éxito con la institución naciente. Pero cuando la Supersalud entró al listado institucional de entidades gobernadas por la politiquería, se dio al traste con la idea del presidente Gaviria de que la Supersalud naciera y creciera a la sombra de la Superbancaria, a la que, inclusive, fueron a parar, inicialmente, algunos de sus mejores funcionarios.
Antes que llevar a un gigantismo inconveniente a la Superfinanciera, debería pensarse en restablecer un eficaz sistema de cooperación interinstitucional, para beneficiar a la Supersalud de los desarrollos de la supervisión bancaria, sin que la Superfinanciera vea comprometida en el futuro la suerte de sus propias funciones.
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