Cinco años de la SAS

Francisco Reyes Villamizar Miembro de la Academia Internacional de Derecho Comercial societario@gmail.com

Cuando el doctor Tito Livio Caldas me propuso por primera vez crear un nuevo régimen societario para Colombia, no llegamos a imaginarnos las repercusiones que habría de tener semejante iniciativa. Su idea era la de liberar a los empresarios colombianos de la estructura jurídica medieval prevista en el Código de Comercio de 1971 e introducir en nuestro anacrónico sistema una corriente de pensamiento progresista, acorde con el nuevo siglo. El reto principal en ese año 2006 era el de convencerlos a todos acerca de la necesidad de revisar la regulación existente, caracterizada por innumerables formalismos, restricciones a la autonomía privada y enormes costos de transacción.

La sociedad por acciones simplificada (SAS) representa una verdadera ruptura frente a todas las regulaciones que le antecedieron. Tal vez una de sus mayores ventajas es que la novedosa figura se parece muy poco a las tradicionales figuras del derecho local. A pesar del ropaje galicado de su nombre (la denominación de la SAS es tomada de la legislación francesa), su configuración normativa constituye una adaptación del régimen de sociedades del Estado de Delaware. Y es posible que, conforme a la teoría de los orígenes jurídicos planteada por La Porta, López, Shleifer y Vishny, el pragmatismo jurídico anglosajón pueda explicar el enorme éxito que ha tenido esta figura y su contribución al desarrollo económico nacional.

Desde la expedición de la Ley 1258 del 5 de diciembre del 2008, comenzó una rápida migración de las modalidades societarias tradicionales hacia el tipo de la SAS. En muy poco tiempo esta figura se convirtió en la estructura favorita para la realización de negocios en Colombia. En la actualidad –con más de 200.000 SAS constituidas en todo el país–, es evidente que esta forma asociativa se ha impuesto como el tipo de sociedad más exitoso de las últimas décadas. Según estadísticas recientes, más del 96 % de las compañías que se constituyen en el país son del tipo de las SAS. O sea que las prestigiosas formas de la limitada, la anónima y la comanditaria no llegan ni al 4 % de las empresas que hoy se crean en Colombia.

Más significativo aún que la cantidad de empresarios que han podido formalizarse gracias a la SAS, resulta ser el número de empleos y el monto de impuestos y otras tasas que se han recaudado por medio de esta figura. Apenas en los últimos tres años, y tan solo dentro del ámbito restringido de Bogotá, las SAS le han pagado al departamento de Cundinamarca una suma superior a los 83.000 millones de pesos, por concepto de impuesto sobre el registro. Así mismo, la Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido por efecto de matrícula mercantil de este tipo de sociedades, en los últimos cuatro años, una cuantía astronómica que supera los 64.000 millones de pesos. Por lo demás, según estudios de la Superintendencia de Sociedades, la SAS ha sido responsable por la creación de cuando menos dos y medio millones de empleos permanentes.

El éxito de la sociedad por acciones simplificada ha sido tan resonante que Colombia ha logrado que se cree un grupo de trabajo en la Uncitral para estudiar la redacción de una ley modelo sobre sociedades de este tipo. La concreción de esta iniciativa implicaría que nuestra experiencia podría  transplantarse a otros países, en especial, a aquellos que más lo requieren por estar anquilosados en arcaicas tradiciones jurídicas.

Quizás lo más importante de esta verdadera revolución societaria ha sido el cambio de enfoque en el Derecho Privado colombiano. Se ha podido demostrar que es urgente modificar las normas jurídicas para mejorar el entorno de los negocios y promover la creación de empresas. Pero, aún falta mucho camino por recorrer para que nuestra infraestructura normativa sea realmente idónea para promover el crecimiento económico. Cumplidos los primeros cinco años de la ley que creó la SAS, la mejor forma de celebrarlos consistirá en proponer nuevas reformas al régimen societario. Ya va siendo hora de reconocer que la continuada actualización de estas disposiciones debería ser un objetivo permanente del legislador y no, simplemente, la materialización de aspiraciones aisladas de un pequeño grupo de ciudadanos.