Abu Qatada, Gran Bretaña y la Convención Europea de Derechos Humanos

Daniel Raisbeck

¿Deben las cortes internacionales de derechos humanos proteger a los violadores de los mismos y hasta qué punto pueden estas anteponerse al principio de reciprocidad entre los Estados? El caso del clérigo islámico Abu Qatada (Omar Mahmoud Mohammed Othman), a quien el gobierno de Reino Unido intenta deportar sin éxito a Jordania desde el 2005, ha desatado un debate legal y político en Europa basado en las anteriores preguntas.

Nacido en Belén, en Cisjordania, en 1960, Qatada huyó en 1989 de Jordania, su país de nacionalidad, donde había sido acusado de planear un ataque contra un hotel en Amman, declarándose un perseguido político. Tras pasar por Pakistán, Qatada llegó a Kuwait, pero dejó el país tras la Primera Guerra del Golfo, esta vez alegando estar bajo persecución religiosa. En 1993 utilizó un pasaporte falso de los Emiratos Árabes para entrar a Gran Bretaña, donde fue otorgado asilo.

Durante los noventa, Abu Qatada se convirtió en un líder vociferante del movimiento islamista en Europa. Desde Londres, expidió una fatwa o decreto legal islámico justificando el asesinato de conversos del Islam y sus familias en Argelia y, durante sus sermones, abogó por el homicidio de judíos e incitó ataques contra británicos y estadounidenses alrededor del mundo.

En diciembre del 2001, las autoridades británicas expidieron una orden de captura contra Qatada, pues habían surgido pruebas de sus vínculos con algunos de los terroristas que perpetraron la atrocidad del 11 de septiembre. Qatada fue arrestado tras 11 meses de fuga, pero salió de prisión en el 2005 bajo fianza y con restricciones a su movimiento y a su contacto con terceros.

Desde entonces, Qatada ha entrado y salido de prisión varias veces mientras el gobierno británico ha enfrentado enormes dificultades legales en sus esfuerzos por deportarlo a Jordania.

En el 2008, el Tribunal de Apelación británico decidió que deportar a Qatada violaría sus derechos humanos, dada la posibilidad de que, en un nuevo juicio, el gobierno jordano use en su contra evidencia obtenida por medio de la tortura.

Sin embargo, en el 2009, cinco jueces lores anularon el fallo del tribunal al decidir por unanimidad que el gobierno británico podía deportar a sospechosos de terrorismo tras recibir garantías de gobiernos foráneos de que sus juicios se llevarían a cabo de manera justa, lo cual era el caso con Jordania. Por ende, la entonces ministra de Interior, Jacqui Smith, pudo firmar la orden de deportación de Qatada.

Fue en ese momento que la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), a la cual Qatada apeló la decisión de los jueces lores británicos, empezó a ejercer su autoridad. En primer lugar, la corte europea decidió en febrero del 2009 que Reino Unido había violado los derechos de Qatada al detenerlo sin juicio bajo leyes antiterrorismo. Por lo tanto, le adjudicó una compensación de 2.800 euros. Luego, en enero del 2012, la CEDH decidió que Qatada no podía ser deportado a Jordania mientras hubiera un riesgo verdadero de que la evidencia en su contra se hubiera obtenido bajo tortura.

En abril del 2012, Theresa May, la actual ministra de Interior, intentó proceder con la deportación de Qatada, pero esta fue bloqueada tanto por problemas técnicos relacionados con la fecha de vencimiento de su última apelación a la CEDH como por una nueva decisión de una corte británica, la cual confirmó que el sistema legal jordano no puede garantizarle al clérigo un juicio justo.

El proceso legal contra Qatada, el cual aparentemente durará varios años más, se ha convertido en un intrincado tema político. Según Boris Johnson, alcalde de Londres, la estadía en Reino Unido de Qatada, quien ha residido en viviendas estatales, le ha costado al fisco británico más de 500.000 libras en dádivas y otros pagos que no incluyen los costos legales.

La presión política por deshacerse de Qatada es tal que, para lograrlo, el gobierno del primer ministro David Cameron ha llegado a considerar la opción de retirar a su país, al menos temporalmente, de la Convención Europea de Derechos Humanos. Esto solo ha incrementado la tensión previa entre Bruselas y el Reino Unido, donde Cameron ha prometido llevar a cabo un referendo para decidir el retiro de su país de la Unión Europea si gana las próximas elecciones.