El rompecabezas de los acuerdos de paz

Laura Wills Otero

Politóloga. Ph.D en Ciencia Política

La firma final del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc exigirá encontrar fórmulas que permitan la implementación de los diferentes temas negociados en La Habana. La participación política es uno de estos.

Diferentes actores de la sociedad y de los partidos políticos han empezado a lanzar propuestas, tales como la de crear circunscripciones especiales de paz en zonas afectadas por la violencia que otorguen curules permanentes a los exguerrilleros; o la de otorgarles a estos un número de curules directas en el Senado de manera transitoria; o la de generar condiciones para que sean las organizaciones sociales que tienen presencia en las zonas de operación de las Farc las que postulen candidatos. También están las voces de quienes plantean que para que participen políticamente los desmovilizados, no se requieren reformas institucionales profundas. Simplemente se crearían garantías de seguridad para que la participación y competencia de los desmovilizados se dé bajo las reglas electorales vigentes.

Independientemente de lo que se defina, las experiencias internacionales han mostrado que el establecimiento de liderazgos políticos legítimos es un paso esencial en la reconstrucción de las sociedades que transitan de la guerra al posconflicto. La convocatoria y realización de elecciones democráticas una vez se firman acuerdos finales es vista con frecuencia como el logro más importante de los procesos de paz.

En este proceso, el papel que juegan los partidos políticos existentes es fundamental: o bien ayudan a consolidar la paz, por ejemplo, a través de la formación de coaliciones, o posibilitando la apertura de espacios para aumentar la competencia interpartidaria; o bien impiden que la misma llegue, por ejemplo, cuando se niegan a dejar a un lado intereses particularistas y excluyentes, y se preocupan por acumular poder a costa de su propia democratización interna y la de sus contrapartes. La posibilidad de formar nuevos partidos o movimientos políticos, que a la vez puedan incluir en sus listas a candidatos que representen los intereses de los desmovilizados, es casi una condición necesaria para que los acuerdos de paz puedan ser exitosos en la práctica. Sin embargo, no es una condición suficiente.

El fracaso que han sufrido muchos grupos armados que han pretendido convertirse en partidos después de firmar acuerdos de paz lo explican obstáculos que van más allá de la ingeniería electoral. Por ejemplo, el debilitamiento y eventual desestructuración de la organización armada le resta al partido que se forma apoyo en las zonas en las que previamente tenía presencia la primera. Por otro lado, la fragmentación social causada por la prolongación de los conflictos armados hace muy difícil la construcción de confianza entre los diferentes grupos sociales y políticos. O la inexperiencia en la vida pública pone retos a quienes se desmovilizan y pretenden ser elegidos popularmente. La lista de obstáculos puede ser enorme y, a medida que estos aumentan, las probabilidades de que la implementación de los acuerdos de paz sea exitosa disminuyen.

Por lo anterior, cualquier reforma institucional que se haga con el fin de poner a andar el acuerdo de participación política de los excombatientes tiene que pensarse como una pieza de un rompecabezas muy complejo en el que las diferentes partes se deben diseñar con cuidado para que el engranaje final promueva el éxito del proceso de paz. Si las diferentes reformas que se requieren para implementar los acuerdos negociados se diseñan aisladamente, el riesgo de fracasar en cada uno de los acuerdos aumenta. No se pueden otorgar escaños a quienes se desmovilicen y crear nuevos partidos para que estos compitan en elecciones, sin fortalecer al Estado para que este pueda responder a todas las demás demandas negociadas en los otros puntos del acuerdo general.