Estos son los textos del paquete legislativo de lucha contra la corrupción (3:50 p.m.)

Tal como se había anunciado, el presidente de la República, Iván Duque, radicó ayer en el Congreso otros ocho proyectos de ley producto de la mesa técnica de lucha contra la corrupción; es de precisar que dentro del nuevo paquete de proyectos se contempla una reforma constitucional (P. A. L. 161/18C), la cual hace referencia a fijar un tope para el salario de los congresistas y servidores públicos del Estado. El P. L. 145/18S (nueve artículos y modifica la Ley 38 de 1989; adiciona el Decreto 111 de 1996), incentiva la transparencia y la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación y del orden territorial; P. L. 146/18S (15 artículos y adiciona la Ley 1828 del 2017), establece mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los congresistas, diputados, concejales e integrantes de la JAL; P. L. 147/18S (cinco artículos y modifica la Ley 190 de 1995), busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, participación y control social, mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés de altos servidores públicos; P. L. 148/18S (cinco artículos y modifica la Ley 5 de 1992), modifica parcialmente la Ley 5 y se dictan otras disposiciones; P. L. 162/18C (ocho artículos y modifica y hace adiciones a la Ley 4 de 1992), establece un tope de salarios de congresistas y altos funcionarios del Estado; P. L. 163/18C (ocho  artículos y modifica la Ley 80 de 1993), regula las inhabilidades para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la terminación unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones y P. L. 164/18C (11 artículos y adiciona la Ley 65 de 1993; modifica y adiciona la Ley 599 del 2000 y modifica y adiciona la Ley 906 del 2004), fortalece las reglas para la persecución penal efectiva y el reintegro de bienes por parte de procesados y condenados por corrupción y delitos contra la administración pública. Adjunto a la nota puede encontrar cada una de las iniciativas.