Desafíos y deseos para el 2014

Mauricio Rosillo Rojas Director de la Especialización en Derecho del Mercado de Capitales, PUJ mauriciorosillo@gmail.com

Cuando comienza un nuevo año, es bueno proyectar los desafíos que se tienen y pensar en qué cambios hacer para que las cosas funcionen mejor. Al pensar en nuestro país, una lista de esta naturaleza sería interminable por la cantidad de asuntos importantes que debemos resolver como Nación. Y a pesar de los múltiples problemas, tenemos que ser conscientes de los magníficos indicadores de nuestra economía con una inflación de 1,9 %, un crecimiento de 5,1 % en el último trimestre y una tasa de desempleo cercana al 8,5 %, los cuales no se habían visto hace décadas y que destacan al país dentro del contexto latinoamericano. No obstante, estas buenas noticias económicas no van a perdurar si no hacemos cambios drásticos que garanticen la institucionalidad.

En el año que comienza habrá factores políticos que generarán incertidumbre, como las elecciones en nuestro país y en varios países vecinos, el proceso de paz y la seguridad. En el plano económico, se esperan también en los mercados aguas turbias en razón al mejoramiento de la economía norteamericana, lo cual implica que los inversionistas retirarán gradualmente sus inversiones en mercados emergentes y se las llevarán a economías con menor riesgo, lo cual representa un gran reto para todos. En el campo social, la disminución de la pobreza y la inequidad, la salud y la educación serán asuntos en los cuales tendremos que adoptar soluciones de fondo.

Y mientras estas problemáticas siguen en el ambiente y deben resolverse, en Colombia seguimos observando a diario un permanente choque de trenes entre diferentes entes públicos que hacen imposible que el país avance y en donde se corre el peligro muy alto de que inversionistas locales y foráneos comiencen a buscar otras jurisdicciones donde exista menor riesgo y más estabilidad jurídica y política.

Y justamente para no matar la gallina de los huevos de oro o volver a lo que en la historia nacional se conoce como la “patria boba”, hay asuntos en los que las tres ramas del poder público y los entes de control tienen que trabajar conjuntamente y ponerse de acuerdo para lograr que la politiquería, el clientelismo y la corrupción sean desterradas del todo.

En este orden de ideas es fundamental que independientemente de quién salga elegido presidente, se debata, se discuta y se impulse una verdadera reforma estructural a la Justicia. Este asunto debe tener toda la dimensión e importancia nacional para que exista un verdadero acuerdo en la sociedad sobre el tipo de justicia que queremos. Bienvenidos los recientes decretos que fortalecen a la Fiscalía General de la Nación, pero estas medidas son soluciones parciales. Así, por ejemplo, en la actualidad faltan cerca de dos billones de pesos para poner en marcha el nuevo Código de Procedimiento.

Dentro del debate nacional que se propone a la reforma de la justicia hay que abordar, igualmente, la discusión de los ámbitos de competencia y de las funciones de los entes de control, como son la Procuraduría y la Contraloría. Es perentorio explorar e implementar mecanismos para evitar los choques de trenes entre las diferentes cortes, para que efectivamente haya seguridad jurídica y para que el país no tenga que presenciar espectáculos tan lamentables que generan confusión y desasosiego entre los habitantes. También, entre muchos otros asuntos, hay que discutir si realmente se necesita un organismo como el Consejo Superior de la Judicatura. Con el aumento en los impuestos que hemos visto en los últimos años y en el recaudo tributario que el año pasado superó los 100 billones de pesos, resulta de la mayor relevancia que los recursos públicos no solo se destinen a fortalecer la Rama Ejecutiva sino también a darle un vuelco a la Rama Judicial del poder público para que sea de primer nivel. Sin una adecuada administración de justicia este país no es viable.

Por lo pronto y volviendo a temas más terrenales, quisiéramos que este año las autoridades competentes ataquen frontalmente la corrupción pública y privada; que volvamos a ser un país serio donde prime la institucionalidad; que el Estado finalmente aplique la trajinada filosofía antitrámites, especialmente en los temas tributarios y cambiarios que son una tortura en la realización de negocios, pero también en las actuaciones del diario vivir de los ciudadanos; que se logre la tan anhelada paz; que el Procurador analice muy a fondo las decisiones definitivas frente a las superintendencias Financiera y de Sociedades por los efectos catastróficos que podrían generar; que pongamos la casa en orden para poder ser competitivos y aprovechar esta bonanza; y que este sí sea finalmente el año del desarrollo de la infraestructura, asunto que es determinante para el desarrollo económico.