“Miren para los lados, y verán toda una capa de la sociedad sin servicios de salud porque la responsabilidad sin culpa impide costearlos”, advierte Javier Tamayo Jaramillo.

Aunque la teoría de la imputación objetiva tiene su origen en 1927 con el civilista Karl Larenz, es la doctrina penal donde mayor evolución ha tenido.

El punto central consiste en definir qué es intermediación laboral y en qué casos está permitida y en cuáles prohibida.

El Consejo de Estado ha acuñado una doctrina profundamente respetuosa del derecho a la libertad en el contexto del daño especial.

La sentencia muestra las interpretaciones disonantes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en cuatro aspectos: beneficiarios, IBL, factores de liquidación y tope de las pensiones del régimen de transición.

Es plausible que con sentencias como esta se envíe un mensaje claro y directo a los empleadores que pretenden esquivar sus obligaciones utilizando figuras jurídicas del derecho civil o comercial.