Según el Consejo de Estado, el Concejo de Yopal (Casanare) podía imponer 20 metros más de área de protección, para ajustarse a las necesidades de su POT.

La polémica jurídica que ha rodeado el complejo hospitalario no terminará, hecho que, finalmente, redundará en mayores demoras en el objetivo de lograr su reactivación.

Este artículo analiza la orden de la Corte Constitucional de adoptar una política pública en materia de minería en las entidades territoriales.

Los trámites ambientales, la obtención de derechos superficiarios y las consultas previas son verdaderas contingencias para el sector.

La magistrada Sandra Lisset Ibarra determinó que el Ejecutivo excedió su potestad reglamentaria.