Según el ministro de Justicia, dicha norma ya cumplió su ciclo, por lo que se debe renovar a través de la política de ‘paz total’.

La nueva apuesta del Gobierno es aumentar las operaciones de interdicción y controlar el lavado de activos.

También se redujo el terrorismo contra infraestructuras públicas y los casos de lesiones personales.

Las declaraciones del mandatario revivieron las tensiones del Gobierno con la justicia, especialmente con la jurisdicción especial para la paz (JEP).

Corte Constitucional deja en firme una decisión del Consejo de Estado que declaró la responsabilidad por daños a la dignidad e integridad que experimentaron mujeres privadas de la libertad.

El Fiscal y la Procuradora aseguran que el proyecto no repara a las víctimas y otorga beneficios excesivos a integrantes de bandas.

Según datos del Ministerio de Justicia, en Colombia hay más de 500 personas en las cárceles condenadas por este delito.

La iniciativa responde a los compromisos que el Estado adquirió con la firma del Acuerdo de Paz en materia de justicia rural.

En el organismo asesor participan el fiscal general y la procuradora de la nación.

Aunque la decisión ya estaba tomada, el mandatario la aceleró por supuestos malos manejos de Urrutia en temas de contratación.