Consejo Superior de Política Criminal avala proyecto ley de sometimiento a la justicia

El Consejo Superior de Política Criminal, organismo asesor del Gobierno Nacional, le dio el aval al proyecto de ley de sometimiento, con el cual se busca crear los mecanismos de sujeción a la justicia de grupos como el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pachenca’, entre otros, un tema clave para la política de ‘Paz Total’ que propone el presidente Gustavo Petro. (Lea: Así es el proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales de MinJusticia).

Tras el estudio del articulado, el organismo dio a conocer el documento de 13 páginas, que recoge las opiniones de los integrantes, entre lo que se encuentran el fiscal general y la procuradora general de la nación. Si bien el concepto entregado fue favorable, hay varios reparos y sugerencias sobre el mismo.

“Lo primero a tener en cuenta es que la iniciativa legislativa bajo estudio se considera que carece de una robusta evidencia empírica, como criterio o lineamiento político criminal que debe cumplir la iniciativa, máxime cuando la propuesta conlleva un impacto serio y real en el sistema penitenciario y carcelario, pues las penas a imponer a los miembros de las estructuras organizadas de crimen de alto impacto oscilan entre seis (6) y ocho (8) años de privación física de la libertad, sin lugar a la posibilidad de redención de pena”, se lee en el documento. 

Otra de las observaciones que hacen los integrantes del Consejo se relaciona con la creación de cargos en entidades de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. 

Sobre esto, recuerdan que, cuando un proyecto conlleva una adición o un impacto fiscal, debe ir acompañado de un concepto del Ministerio de Hacienda, con el que no cuenta el proyecto actualmente.

Respecto a los bienes que se propone entregar a quienes tomen la decisión de someterse a la justicia, la entidad advierte que debe fijarse un tope máximo monetario, y aclararse cómo operará el principio de cosa juzgada cuando se produzcan sentencias. “Con relación al porcentaje del 6 % de los bienes que pueden mantener quienes se sujeten a la eventual Ley, algunos miembros consideran necesario que se debe revisar, porque la inexistencia de un tope máximo monetario, como sí existe actualmente en la Ley 1708 de 2014, podría dar lugar a un ‘beneficio patrimonial’ que podría ser cuestionable”, dice el oficio.

Finalmente, sobre la verdad y reparación a las víctimas, los integrantes del Consejo de Política Criminal advierten que “cuando se desarrolla la participación de la víctima a lo largo del articulado, solo se indica que esta tiene un rol activo en el marco del incidente de restauración del daño colectivo, pero no se precisa la posibilidad de su intervención en el marco del proceso de sujeción propiamente dicho. No se desarrolla de manera detallada la intervención de la víctima en las demás etapas del proceso, lo cual puede contrarrestar los derechos de la víctima a la obtención de la verdad y al acceso a un recurso judicial efectivo”.