Así es el proceso para solicitar principio de oportunidad en un proceso penal

El principio de oportunidad es una figura jurídica mediante la cual la Fiscalía puede abstenerse de ejercer la acción penal, siempre que se cumplan determinadas causales previstas en la ley. Para solicitar su solicitud, el indicado debe acudir al despacho del fiscal encargado del caso, presentar su solicitud de forma clara e indicar la causal legal que respalda su petición. Es obligatorio contar con la asesoría de un abogado, quien debe realizar la solicitud formal.

Entre los requisitos esenciales para sustentar esta petición se encuentra el deber de aportar todos los elementos probatorios que permitan al fiscal tomar una decisión fundada. Además, el solicitante debe proponer fórmulas de arreglo para las víctimas, dentro del marco de la justicia restaurativa. Estos pueden incluir la mediación, la reparación integral de los daños o incluso una reparación simbólica, ya sea de manera inmediata o en plazos. (Lea: ¿Cómo solicitar protección si es testigo y lo amenazan por colaborar con la ley?)

La solicitud debe incluir también la petición de suspensión del juicio. Una vez presentada, el fiscal evaluará si procede suspender, interrumpir o renunciar a la acción penal, conforme a los criterios establecidos en la Ley 1312 del 2009. De ser favorable, el procesado podrá ingresar a un periodo de prueba que no podrá exceder los tres años, durante el cual deberá cumplir con las condiciones impuestas.

Durante el trámite, la Fiscalía debe consultar a la víctima si está de acuerdo con la aplicación del principio de oportunidad. Posteriormente, la decisión será remitida al juez, quien revisará la legalidad del procedimiento. El control judicial deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes a la determinación fiscal. Si se aprueba, se extinguirá la acción penal respecto del autor.

Esta figura puede aplicarse, entre otros casos, cuando el delito tiene una pena menor a seis años, si hubo reparación integral a la víctima, si el acusado colabora eficazmente para evitar la continuación del delito o si se compromete a testificar contra otros procesados. También se puede considerar cuando se afectan mínimamente bienes colectivos o la sanción resulte innecesaria. Las causales completas se encuentran en la Ley 1312 del 2009.

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