La falta de garantías y seguridad jurídica es el principal argumento de los defensores de esta reforma. Para sus críticos, bastaba con el desarrollo legal de competencias y mejor capacitación de funcionarios judiciales.
El interés filosófico de esta discusión radica en lo siguiente: en el fondo, estamos ante una contraposición de metodologías, de maneras de pensar y de tratar de entender la realidad.