Las personas que participen en acercamientos, diálogos, negociaciones o celebración de acuerdos de paz con autorización del Gobierno no incurrirán en responsabilidad penal ni disciplinaria.
Estos hechos no fueron hechos aislados, sino que respondieron a un “patrón sistemático estatal”, ejecutado en los operativos de contrainsurgencia, indicó.
La norma declara la paz como “un derecho humano fundamental” y ordena aplicar la “neutralidad perpetua, activa y no armada en los conflictos entre Estados y dentro de estos”.
La iniciativa define la responsabilidad del superior militar o policial por las conductas de sus subordinados cuando el delito ocurra en desarrollo de las hostilidades.