ATENCIÓN: Luis Felipe Henao será el candidato del Consejo de Estado a la Procuraduría General de la Nación
Es abogado de la Universidad del Rosario, con especializaciones en Derecho de la Empresa y en Derecho Penal.
Es abogado de la Universidad del Rosario, con especializaciones en Derecho de la Empresa y en Derecho Penal.
Se enfatiza la importancia de expedir normas específicas antes del 10 de diciembre del 2024 para garantizar una gestión eficiente.
Para evitar un perjuicio irremediable, se suspenden temporalmente los efectos del fallo que declaró la nulidad de su elección.
Los profesionales deberán cumplir el SSO mediante vinculación con una institución pública o privada en la que se haya creado la nueva plaza, de acuerdo con lo previsto en la Resolución 778 del 2020.
Por ejemplo, se mantiene la función de confiar a la Vicepresidencia la misión de coordinar lo relacionado con el Patrimonio Cultural Sumergido del Galeón San José.
Los integrantes de la Policía Nacional, al igual que los miembros de las Fuerzas Militares, se encuentran cobijados por este principio, explicó la Sección Tercera del Consejo de Estado
La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Fredy Ibarra, Ana María Charry y Pedro Pablo Vanegas como nuevos consejeros de las secciones Tercera y Quinta, así como de la Sala de Consulta y Servicio Civil del alto tribunal.
Las novedades de las cuentas de recaudo y de pagos deberán ser presentadas por la EPS y EOC, ante la ADRES, en los primeros 10 días hábiles de cada mes.
El Consejo de Estado precisó que pese a la responsabilidad compartida, los municipios deben implementar y ejecutar políticas para preservar el medio ambiente.
A nivel nacional se visitarán 1.162 registradurías, 586 notarías, 31 corregimientos y 35 inspecciones de policía.
Los titulares de registro que, una vez cumplida la prórroga fijada, no hayan adelantado las actividades de ingreso de información deberán iniciar trámite para obtener un nuevo registro.
Estas medidas rigieron desde el 13 de julio al 31 de agosto del 2020 y se tomaron en el marco de la emergencia sanitaria.
El Consejo de Estado decretó una medida cautelar mediante la cual suspendió un artículo del código de ética de una universidad pública que consagra una inhabilidad para inscribir candidatos a la rectoría o al consejo superior de la institución.