Acuerdo sobre cese al fuego bilateral es incompleto y absolutamente insuficiente: Procuraduría

Sobre el histórico anuncio del Gobierno y las Farc acerca del cese al fuego bilateral y el mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, señaló que desde el principio de las negociaciones ha hecho duras advertencias para defender el ordenamiento jurídico y velar por los derechos de las víctimas.

Sostuvo que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, le ha dado todo tipo de garantías a los acuerdos que ha logrado con las Farc, “al punto de convertir la mesa de negociaciones de La Habana en una constituyente, nadie los eligió, ni les otorgó ese poder”. (Lea: Gobierno y Farc acordaron cese al fuego bilateral)

Así, para el alto funcionario el acuerdo sobre dejación de armas y de las zonas veredales transitorias “es incompleto, absolutamente insuficiente y no es garantía de que las farc se desmovilizarán integralmente y de forma definitiva”.

Pero también Ordóñez llama la atención de la sociedad colombiana, la comunidad internacional y el Gobierno Nacional sobre las siguientes consideraciones:

· El acuerdo publicado permitirá que más de la mitad de los integrantes de dicha organización no se desmovilicen y no se desmantele la infraestructura económica y de redes criminales que permitirían que las Farc se rearmen y vuelvan a delinquir en cualquier momento.

· Lo dado a conocer por las delegaciones del Gobierno y de las Farc limitaría a la misión de la ONU a lo que negocien las partes. Además, no le faculta a  este organismo internacional de mecanismos efectivos que garanticen un desarme total de las farc.

Así las cosas, la Procuraduría solicitó formalmente al Gobierno que corrija los términos del acuerdo presentado el  pasado 23 de junio, con el fin  de asegurar que realmente  las Farc desaparecerán como organización armada. (Lea: Lo que discutirá la Corte Constitucional sobre la refrendación de la paz)

Finalmente, dijo que existen otras preocupaciones sobre el acuerdo que serán expuestas posteriormente, especialmente “respecto a las zonas de ubicación transitorias, los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa y el derecho de los ciudadanos de esos municipios a expresarse sobre si aceptan o no que se les impongan tales zonas”.

Procuraduría General de la Nación, comunicado, Jun. 27/16

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