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De la decisión no se deriva la exclusión del derecho de recibir cuidados paliativos, para brindarle una mejor calidad de vida.
Según el escrito, la norma ordena gastos que carecen de análisis de impacto fiscal y de un concepto del Ministerio de Hacienda.
Según los ciudadanos, las normas vulneran el derecho fundamental a la igualdad, pues prevé trato injustificado para dos grupos de personas.
Una de las principales razones que aduce el demandante es la prohibición de usar estos recursos en asuntos diferentes del beneficio de sus destinatarios.
Con efectos inter comunis, se protegieron los derechos de todas las personas privadas de la libertad en dichos establecimientos.
Se ordenó a la UARIV emitir un nuevo acto incluyendo a la accionante en el RUV por el hecho victimizante de secuestro.
El resguardo indígena accionado incurrió en un defecto orgánico, pues adelantó el juzgamiento de la desaparición de una mujer.
