27 de Febrero de 2025 /
Actualizado hace 6 hours | ISSN: 2805-6396

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Minsalud deberá reglamentar eutanasia incluyendo a menores de edad con discapacidad intelectual

26 de Febrero de 2025

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La Corte Constitucional estudió un caso relacionado con el consentimiento sustituto en el ejercicio del derecho a morir con dignidad a través de eutanasia en casos de menores de edad en situación de discapacidad cognitiva, que pueden estar sufriendo intensos dolores provenientes de una enfermedad grave e incurable.

Según el alto tribunal, no resulta procedente acceder a la solicitud de amparo, dado que, a la luz del modelo social de la discapacidad y del criterio de mejor interpretación de la voluntad del sistema de apoyos, no es posible establecer que la manifestación realizada por la madre corresponda a la preferencia genuina del menor de poner fin a su vida, además de que no se han agotado los procedimientos disponibles para mitigar o enfrentar el dolor.

No obstante, si bien no se dan las condiciones para hacer efectivo el derecho a morir dignamente, de ello no se deriva la exclusión del derecho del menor de recibir cuidados paliativos, enfocados en controlar en la mayor medida posible el dolor y la sintomatología de la enfermedad y en brindarle una mejor calidad de vida.

Se ordenó al Ministerio de Salud adecuar la reglamentación sobre el derecho a morir con dignidad, con el fin de garantizar que no se excluya a los menores de edad con discapacidad intelectual de la posibilidad de presentar solicitudes de eutanasia, la cual debe enfocarse en el marco del modelo social de discapacidad y los elementos estructurales del sistema de apoyos: primacía de la voluntad y criterio de la mejor interpretación de la voluntad. 

Así mismo, se reiteró al Congreso el exhorto para que avance en la protección de una muerte digna, con miras a eliminar barreras aún existentes para el libre ejercicio de la autodeterminación de las personas, en aplicación de sus derechos fundamentales a una vida digna y al libre desarrollo de la personalidad. Se debe incluir en la discusión a las personas en situación de discapacidad para asegurar que sus derechos estén plenamente integrados (M. P. José Fernando Reyes Cuartas).

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