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Los puntos clave para tomar una decisión sobre el plebiscito para la paz

25 de Agosto de 2016

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Luego de más de medio siglo de duración, el Gobierno y las Farc acordaron poner fin al conflicto armado interno. Así lo anunció anoche el presidente Juan Manuel Santos después de casi cuatro años de negociación con este grupo armado ilegal.

 

Al mediodía de hoy, 25 de agosto del 2016, los colombianos vieron el ingreso del jefe de Estado al Capitolio Nacional con el propósito de radicar el texto del acuerdo definitivo, y la carta que informa al Legislativo sobre la celebración del plebiscito, el próximo 2 de octubre del 2016.

 

¿Por qué es importante el plebiscito?

 

El plebiscito por la paz es el mecanismo elegido por el Gobierno, respaldado por la Corte Constitucional, para refrendar el acuerdo final suscrito con la guerrilla. Esto quiere decir que la aprobación del plebiscito para la refrendación del acuerdo final tendrá un carácter vinculante y obligatorio para efectos del desarrollo constitucional y legal del acuerdo.

 

Con la radicación de la carta informativa ante el Congreso, hecha el día de hoy, empieza a correr el término de un mes para que el Congreso se pronuncie afirmativa o negativamente para la celebración de este mecanismo de participación ciudadana, el cual se llevaría a cabo el próximo domingo 2 de octubre. En otras palabras, la celebración del plebiscito solamente podrá ser interrumpida con la votación de la mayoría de congresistas, manifestación que no podrá producirse más allá del 25 de septiembre del 2016.

 

Hay que recordar que el censo electoral no es el mismo aplicable para los demás mecanismos de participación, sino que fue reducido al 13 %, decisión que fue respaldada por parte de la Corte Constitucional. 

 

¿De qué se componen los acuerdos?

 

El documento final está compuesto por 297 páginas, allí se desarrolla el pacto al que las partes llegaron luego de discutir los seis puntos de la agenda de negociación.  Ámbito Jurídico presenta un resumen (puede descargarlo en el siguiente enlace):

 

1. Reforma Rural Integral (RRI)

 

En este punto, se determinaron las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. El documento busca la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50 % de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y, en especial, el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. (Lea: Las zonas de reserva campesina y el proceso de paz: el régimen legal)

 

La RRI contempla tres grandes ejes:

 

a) Acceso y uso de la tierra: En este punto se adquirieron compromisos en torno a: i) fondo de tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y plan masivo de formalización de la propiedad para aquellos que tienen tierra pero no escrituras; ii) actualización y modernización del catastro rural y que el uso de la tierra concuerde con su vocación; iii) protección de las áreas de especial interés ambiental; iv) jurisdicción agraria para resolver los conflictos en torno a la tierra.

 

b) Planes nacionales rurales: Contempla acciones de gran escala para proveer bienes y servicios públicos en materia de: i) infraestructura y adecuación de tierras; ii) vías terciarias, distritos de riego y drenaje, electrificación y conectividad a internet; iii) acceso a vivienda y agua potable; iv) educación; v) salud

 

c) Estímulos a la productividad: i) planes para fomentar la economía familiar y solidaria, y para facilitar la comercialización de los productos campesinos al acercar al productor con el consumidor; ii) ofrecer garantías de seguridad social para los trabajadores del campo; iii) acceso a créditos; iv) proveer asistencia técnica, tecnológica y en investigación; v) sistema especial de alimentación y nutrición y así erradicar el hambre en el campo colombiano.

 

d) Programas  de desarrollo con enfoque territorial (PDET): Consisten en implementar los planes regionales con mayor celeridad en las regiones más afectadas por el conflicto, con mayor pobreza, menos institucionalidad y la presencia de economías ilegales, con la activa participación de las comunidades.

 

2. Participación en política  

 

Se busca garantizar la participación de nuevas voces y proyectos políticos, facilitar la creación de nuevos partidos políticos, fortalecer los mecanismos para promover la transparencia en los procesos electorales, creación de circunscripciones transitorias especiales para la paz en las zonas más afectadas por el conflicto. Además, se propone la creación de un estatuto para la oposición con la participación de los partidos y movimientos políticos, como garantías para los partidos de oposición.

 

Así mismo se formalizó el rompimiento del vínculo entre política y armas para promover o silenciar una causa política y que quienes las hayan dejado para transitar a la política tengan todas las garantías de que no serán objeto de violencia. Para ello se creará un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política y garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos.

 

3. Fin del conflicto

 

Las delegaciones del Gobierno y las Farc anunciaron acuerdos sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo de dejación de armas; sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y sobre refrendación.

 

La dejación de armas consiste en un procedimiento técnico, trazable y verificable, mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las Farc para destinarlo a la construcción de tres monumentos. Dicho proceso de dejación se desarrollará en dos tiempos denominados control de armamento y dejación de las armas.

 

4. Drogas ilícitas

 

Teniendo en cuenta que un aspecto de la solución al problema de las drogas ilícitas es la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito, es necesario poner en marcha un programa que, como parte de la transformación estructural del campo que busca la reforma rural integral (RRI), contribuya a generar condiciones de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas.

 

Con base en lo anterior, el Gobierno Nacional pondrá en marcha el programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), el cual hace parte de la RRI. (Lea: Gobierno y FARC llegan a primeros acuerdos sobre drogas ilícitas

 

Este programa será la autoridad nacional competente, en cabeza de la Presidencia de la República, en coordinación con las autoridades departamentales y municipales y tendrá carácter civil, sin perjuicio de su coordinación con las autoridades estatales que se requieran para garantizar su pleno desenvolvimiento, incluyendo las responsables de la seguridad y protección de las comunidades.

 

Luego de la firma del acuerdo final, y en los términos que se establezcan, las FARC participarán en el programa y contribuirán a la solución de los problemas de los cultivos de uso ilícito.

 

El Gobierno pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar.

 

De otra parte, el Gobierno se compromete a tramitar los ajustes normativos necesarios que permitan renunciar al ejercicio de la acción penal o proceder con la extinción de la sanción penal contra los pequeños agricultores que estén o hayan estado vinculados con cultivos ilícitos cuando, dentro de un término de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma, manifiesten formalmente su decisión de renunciar a cultivar o mantenerlos.

 

5. Víctimas

 

El acuerdo sobre víctimas trae consigo la creación del  Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este está compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, rendir cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él y contribuir a alcanzar la convivencia, la reconciliación, la no repetición y la transición del conflicto armado a la paz. (Lea: Once temas claves para entender la jurisdicción especial de paz)

 

a. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

 

Es un órgano temporal y de carácter extrajudicial, como las que se han creado históricamente en procesos de transición para esclarecer patrones de violencia. No es un mecanismo para administrar justicia sino para contribuir a la verdad y reconocer los derechos de las víctimas.

 

 

b. Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

 

Será una unidad especial de alto nivel que tendrá el mandato de dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales para la búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, para su localización y la entrega digna de sus restos.

 

c. Medidas de reparación integral para la construcción de paz

 

Con el fin del conflicto se adoptarán medidas como: acciones concretas de contribución a la reparación, actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, reparación colectiva en el fin del conflicto, restitución de tierras, procesos colectivos de retornos, rehabilitación psicosocial.

 

d. Jurisdicción especial para la paz

 

Es el componente judicial del sistema integral. Busca, ante todo, satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, luchar contra la impunidad, cumplir con el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participen en los mecanismos del sistema. Sin contribución a la verdad y la reparación de las víctimas, no habrá tratamiento penal especial.

 

e. Garantías de no repetición

 

Las garantías de no repetición de las violaciones y del conflicto mismo serían el resultado de la implementación de los diferentes mecanismos y medidas del sistema integral, las medidas que se acordarán en el punto tres de fin del conflicto y de los otros acuerdos que contribuirán a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. 

 

6. Implementación, verificación y refrendación:

 

El día de ayer fueron anunciados los últimos puntos acordados. En primer lugar se aclaró que las Farc solo serán reconocidas como nuevo partido luego de terminado el proceso de dejación de las armas y previo el cumplimiento de los requisitos que exige la ley para la creación de un partido (estatutos, plataforma política, entre otros), excepto la exigencia de haber obtenido el 3 % de los votos depositados en la elección de Senado o Cámara de Representantes.

 

Como condición fundamental para poderse transformar de una organización armada ilegal a un partido o movimiento político con personería jurídica deberán haber dejado la totalidad de las armas. De igual manera, deberán cumplir con los requisitos establecidos por la ley, excepto haber obtenido un número determinado de votos en elecciones de Congreso.

 

No habrá asignación de curules a dedo para las Farc. El nuevo partido que surja del tránsito del grupo guerrillero a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso de la República. El acuerdo garantiza una representación mínima de cinco senadores y cinco representantes a la Cámara durante los próximos dos periodos electorales. En todo caso, solo se asignarán las que faltaren para completar cinco curules, de tal manera que cuando la lista obtenga cinco o más no se asignará ninguna adicional.

 

Sobre las vocerías en Senado y Cámara de Representantes del nuevo movimiento que surja de las Farc, se trata de ciudadanos en ejercicio, es decir, personas que no tienen suspendida la ciudadanía como consecuencia de condena penal o sanción disciplinaria y que no se encuentren en armas. Los voceros serán designados por la agrupación política con el objeto de que participen, exclusivamente, durante el procedimiento legislativo especial para la paz de que trata el Acto Legislativo 01 del 2016, en los debates que se surtan en el Congreso de la República, pudiendo intervenir con las mismas facultades que tienen los congresistas, excepto el voto. (Lea: HISTÓRICO: Listo acuerdo de paz con las Farc)

 

Por su parte, el mecanismo de verificación estará compuesto por:

 

1.  Dos notables: serán dos personas de representatividad internacional, elegidas una por parte del Gobierno y otra por las Farc.

 

2. Componente internacional de verificación: estará integrado por un representante de cada uno de los países garantes y acompañantes (Cuba, Noruega, Venezuela y Chile).

 

3. Componente técnico: el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) diseñará la metodología para identificar los avances.

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