La ineficacia del concurso de méritos

La probidad en los procesos de selección de los servidores del Estado que deben ingresar por el sistema de convocatoria, examen de conocimientos, entrevista, conformación de lista de elegibles y nombramiento en las vacantes existentes quedó desvirtuada no solamente en la Rama Judicial, sino también en el magisterio, con las eternas provisionalidades de quienes fueron nombrados temporalmente, mientras se proveía en forma definitiva, gracias al paquidérmico andar del concurso mismo.

La dilación en esos procesos ha permitido que cientos de empleados que debían desempeñarse bajo la égida del mérito permanezcan en cargos de carrera, durante tres y más años, gracias a la influencia o al amiguismo, pero en situación laboral precaria; mientras que los concursantes que demostraron condiciones para desempeñarse ven frustrada durante años su aspiración de ingresar al servicio público en forma definitiva.

¿Cómo puede ser razonable que mientras el concurso de méritos y la conformación de lista de elegibles tarda más de dos años, la vigencia de la misma solamente es válida durante las dos anualidades siguientes y no permita cubrir con sus integrantes las nuevas creaciones o las vacantes de empleos no previstos anteriormente?

Es la gran deuda que deja el ahora extinto Consejo Superior de la Judicatura y es la situación en la que se encuentran los concursantes en el magisterio, pues no han recibido nombramiento, pese a ganar de antemano sus plazas, y luego del engorroso trámite, al final se aduce por las secretarías de Educación que la Ley de Garantías Electorales no permite su vinculación al cargo, como si no fuera jurídicamente claro  que el concurso de méritos no está sometido a esta abyecta limitación.

El artículo 125 de la Carta Política ha sido desvirtuado, a través de inefables interpretaciones que se suman a la gran desazón que hoy se cierne sobre las familias de quienes se han formado en distintas disciplinas técnicas o profesionales y que carecen de futuro, por no estar apalancados por un político, ni ser de la cuerda del grupo o del favor de quien posee el don nominador en el cargo al cual se aspira.

Sergio Alejandro Rueda M., abogado y contador público, Bucaramanga.