Del mérito a la preservación de la democracia: A propósito de los avatares de la Convocatoria 27

Laura González Londoño

Jueza Administrativa del Circuito de Medellín en provisionalidad

En los Estados sociales de derecho actuales, los jueces han cobrado una relevancia inusitada en comparación a otras épocas en las que eran percibidos como meros aplicadores de la ley. Hoy sabemos que son mucho más que eso. La realidad ha demostrado que los jueces son los llamados a garantizar los derechos de los ciudadanos y los principales guardianes de la democracia cuando las demás instituciones han fallado. Por eso, su función reviste una importancia mayúscula, así como el proceso que conlleva a su elección y designación.

Para empezar, dicho proceso debe garantizar, antes que nada, que el mérito será el principal criterio para seleccionar a quienes impartirán justicia. Además, en el proceso de selección se debe asegurar el debido proceso de los aspirantes, que se regirá por reglas claras y que en todo momento se honrará la transparencia, para no socavar la legitimidad de la elección. Por estas razones, no deja de sorprender lo que ha venido ocurriendo en la Convocatoria 27, adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura para elegir a los futuros jueces y magistrados del país. No solo por su extensa y, cuando menos, sorprendente duración (pronto ajustará siete años), sino también por todos los tropiezos que ha tenido y que van en desmedro de los derechos de sus participantes.

Solo por mencionar un ejemplo, la aplicación virtual de la prueba programada para los días 19 de mayo y 2 de junio del año que avanza pone en vilo los derechos de un alto porcentaje de discentes, quienes no cuentan con la certeza de que la plataforma elegida para realizar el examen funcionará. A esto se suman los problemas de conectividad que presentan varias zonas del país, en donde el acceso a internet y al servicio público de energía es intermitente e inestable. Estas circunstancias vulneran, sin lugar a dudas, el derecho a la igualdad, paradoja inexplicable en un proceso que tiene como finalidad seleccionar a quienes impartirán justicia.

Pero lo más preocupante es que las irregularidades y las falencias que se han presentado a lo largo de la Convocatoria habrían podido evitarse, debido a que han sido advertidas con insistencia por numerosos participantes. Sin embargo, a los esfuerzos de estos por intentar corregir un proceso cuya legitimidad hoy se cuestiona se antepone la insistencia por parte del Consejo Superior de la Judicatura en afirmar que las falencias advertidas corresponden a asuntos menores o, incluso, que son inexistentes o corresponden a una simple percepción de los aspirantes.

En este punto cabe recordar que si bien esta entidad orgánicamente hace parte de la Rama Judicial, las funciones que ejecuta constituyen verdadera función administrativa, lo cual tiene, al menos, dos consecuencias. La primera es que es su deber mostrar la apertura y la prudencia suficiente para reconocer y corregir a tiempo los errores de un proceso que nos concierte a todos. La segunda es que su actuación no está exenta de control y, por ende, también es su deber rendir cuentas sobre lo que ha ocurrido con la Convocatoria 27. De ninguna manera puede interpretarse este último deber como una erosión a la independencia judicial, pues esta no puede convertirse en una patente de corso para actuar de manera irrestricta. Al contrario, la rendición de cuentas es una garantía de la independencia judicial, solo así sabremos que la convocatoria está dotada de la legitimidad necesaria para preservar el mérito y la autonomía de los futuros funcionarios judiciales.

En esa medida, el Consejo Superior de la Judicatura, como órgano administrador de la carrera judicial, está obligado a observar el derecho a una buena administración, no solo como garantía de quienes participan en la Convocatoria, sino también de todos los ciudadanos. Que nadie cometa el error de creer que la elección de los futuros jueces, juezas, magistrados y magistradas del país es un asunto que se reduce a los despachos judiciales. Al contrario, es algo que concierne a todos, desde las altas cortes, pasando por la academia, hasta el ciudadano de a pie, quien será finalmente el destinatario de las decisiones que adoptarán los jueces seleccionados a través de la Convocatoria 27.

Por eso, urge revisar y corregir a tiempo los errores y falencias que han entorpecido dicho proceso, porque impartir justicia equivale nada más y nada menos que a proteger los derechos de los ciudadanos y preservar la democracia. Por estas razones, el desarrollo de un proceso de selección justo, claro y transparente es un requisito imprescindible para lograr esos nobles objetivos.