Contratos de concesión y adicionales deben cumplir estudios previos o podrían ser nulos
Característica que califica a estos contratos como negocios incompletos no implica una excepción a la regla general.
Característica que califica a estos contratos como negocios incompletos no implica una excepción a la regla general.
La nueva circular externa obliga a las entidades estatales con regímenes excepcionales a publicar toda su actividad contractual en el SECOP II.
El organismo advirtió sobre la falta de alineación de algunos contratos con los principios de la contratación pública.
Es la tercera vez que el proceso se suspende por recusación. También se había suspendido por la pandemia.
En caso de ser necesario, no podrán variar las condiciones laborales que se hayan pactado al inicio de la relación laboral.
Los ministerios de Salud, de Justicia y de Agricultura buscan integrar en un solo acto administrativo las distintas disposiciones relativas a las licencias y cupos para el acceso seguro e informado al uso de semillas para siembra.
El procedimiento se respalda en el Decreto 2478 del 2018, por el cual se establecen los procedimientos sanitarios para la importación y exportación de alimentos, materias primas e ingredientes secundarios para alimentos destinados al consumo humano.
No obstante, el exservidor no tiene derecho al reintegro ni a que se le paguen los salarios y prestaciones que dejó de percibir.
Los nombramientos serán ordinarios, en periodo de prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre carreras especiales.
La nueva norma regirá a partir de los ocho días hábiles siguientes a la publicación de esta en el Diario Oficial y deroga la Resolución 20203040016055, del 16 de octubre del 2020.
La CGR confirmó en todas sus partes el Auto 949 del 2021, por medio del cual se decidieron los recursos de reposición contra el fallo de responsabilidad fiscal y se concedió el recurso de apelación.
El cuestionado usó su cargo de congresista sobre quienes carecían de la idoneidad exigida, a cambio de beneficios económicos y políticos.
El demandado demostró que superó los 15 años de experiencia que la propia Constitución Política impone para el ejercicio del cargo.