La Ley 1908 del 2018, por medio de la cual se busca fortalecer la investigación y judicialización de organizaciones criminales y adoptar medidas para su sujeción a la justicia, fue demandada parcialmente ante la Corte Constitucional. Dos acciones acumuladas plantean cargos contra la norma que consagra el asesoramiento jurídico, contable, técnico o científico, de manera ocasional o permanente, remunerado o no, a grupos delictivos organizados y armados como delito (con prisión de seis años) y causal de inhabilidad para el ejercicio de la profesión (de 10 a 20 años). Además, dispone que no se incurrirá en la pena cuando los servicios consistan en la defensa técnica, sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios. En ese sentido, los demandantes consideran que se vulnera la presunción de buena fe y se invierte de tal forma que “debe ser probada”, junto con el debido proceso y las garantías penales de los investigados, pues se dificultaría la defensa técnica (demandantes: Ricardo Giraldo y Nicolás Hurtado).