Más de 20 mil abogados han sido sancionados por el Consejo Superior

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dio a conocer un informe sobre las sanciones y destituciones de abogados, funcionarios y auxiliares de la justicia, desde 1992 hasta el 31 de marzo del 2019. (Lea: Suspenden a una abogada por no impulsar un proceso ejecutivo durante dos años)

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “la conducta individual del profesional del Derecho se encuentra vinculada a la protección del interés general o común, de manera que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión puede proyectarse negativamente sobre la efectividad de diversos derechos fundamentales, así como también poner en entredicho la vigencia de principios constitucionales de interés general, orientadores de la función jurisdiccional, tales como la eficacia, la celeridad y la buena fe.

De ahí que el Código Disciplinario del Abogado (Ley 1123 del 2007) describe las faltas contra la dignidad de la profesión, contra el decoro profesional y contra el respeto debido a la administración de justicia; otras se relacionan con la lealtad debida al cliente, faltas a la honradez, a la debida diligencia y el incumplimiento del deber de prevenir litigios y facilitar mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Dichas faltas pueden ser sancionadas con:

        I.            Censura. Consiste en la reprobación pública que se hace al infractor por la falta cometida.

      II.            Multa. Es una sanción de carácter pecuniario que no puede ser inferior a un salario mínimo mensual ni superior a 100.

    III.            Suspensión. Consiste en la prohibición de ejercer la profesión por el término señalado en el fallo, oscila entre dos meses y tres años.

    IV.            Exclusión. Consiste en la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la abogacía.

Un consolidado de las decisiones de la Sala Disciplinaria indica que la sanción más impuesta a los abogados en estos 27 años es la suspensión (11.708 abogados), seguida de la censura (7.907 abogados), la exclusión (580 abogados), la amonestación (320 abogados) y la multa (158 abogados), para un total de 20.673 profesionales sancionados.

Respecto a los funcionarios judiciales: 280 fueron destituidos; 1.274, suspendidos; 312, amonestados y 857, multados. Esto quiere decir que un total de 2.783 servidores judiciales han sido castigados disciplinariamente.

2018 y 2019

Ahora bien, estás fueron las sanciones impuestas en este periodo de tiempo (Total: 1306)

Y funcionarios judiciales sancionados y absueltos (Total: 123):

Como se nota, la suspensión y la censura fueron las sanciones más impuestas, mientras que la suspensión y la destitución son las mayores sanciones para funcionarios de la Rama Judicial (incluidas las remociones de cargos de jueces de paz).

Se debe finalizar recordando que la retención de dineros y la no rendición de informes de gestión son las dos conductas más reiterativas que producen sanciones. (Lea: El caso del abogado excluido de la profesión por usar un dictamen falsificado)

Lo cierto es que estas cifran deben ayudar a reforzar urgentemente la preparación profesional y la formación ética de los litigantes y funcionarios, con el fin de mejorar la credibilidad de los juristas como garantes del principio ius fundamental del acceso a la justicia.