Elevarían estándares educativos de los programas de Derecho

El Ministerio de Justicia anunció que viene trabajando en la propuesta de una nueva reglamentación para elevar los estándares educativos de los programas de Derecho sin acreditación de alta calidad, para garantizar la formación de mejores profesionales.

Según la cartera, la propuesta está siendo considerada por el Ministerio de Educación, pues es esta entidad la que tiene la competencia para expedir la reglamentación.

En este proceso también se han involucrado un importante número de facultades de Derecho. “Gracias a sus aportes fue posible identificar las variables que inciden en el desempeño profesional de los abogados y emprender el camino hacia la formulación de condiciones específicas de calidad para la obtención y renovación del Registro Calificado de los programas de Derecho”, precisó el ministerio.

La entidad agregó que está trabajando para acercar las condiciones de calidad exigidas por el registro a aquellas requeridas para la acreditación de alta calidad.

Además, indicó que la necesidad del ajuste a los consultorios jurídicos fue una de las necesidades planteadas de forma recurrente y coincide con un estudio sobre las prácticas judiciales en las facultades de Derecho realizado por Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade) en el 2014.

La iniciativa será socializada a partir de este mes con las facultades de Derecho, abogados y organizaciones de la sociedad civil, informó el ministerio.

De acuerdo con el comunicado de la entidad, se busca generar:

1.Programas y abogados que cumplan con estándares de calidad mucho más altos.

2.Prácticas profesionales que evidencien el desarrollo de las competencias planteadas en el perfil profesional.

3.Enfoque de desarrollo por competencias (cognitivas, investigativas, comunicativas, de gestión del conflicto y éticas, así como capacidades para la conciliación, el trabajo interdisciplinario y el litigio).

4.Formación jurídica, humanística (competencias comunicativas, digitales y la tecnológicas) y de flexibilidad transversal (análisis lógico, analítico, principalístico y axiológico aplicado a la actividad profesional, así como métodos alternativos y jurídicos de solución conflictos que faciliten la interpretación constitucional y legal y la argumentación jurídica).

5. Programas que cuenten con una estructura curricular flexible, mediante la cual se organicen aprendizajes, estrategias de enseñanza y evaluación, y los contextos posibles de aprendizaje para el desarrollo de las competencias.

6. Infraestructura física que cubra las necesidades del programa de Derecho, en particular el del consultorio jurídico.

7. Mejoramiento continuo de los programas de Derecho.

(Minjusticia, Comunicado, Abr. 13/16)

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