Esta es la propuesta del Gobierno para evitar una excarcelación masiva

La Ley 1760 del 2015 modificó el Código de Procedimiento Penal para racionalizar la medida de detención preventiva. En la disposición se fijó de un término máximo de duración para las medidas de aseguramiento privativas de libertad. Así, la detención de carácter preventivo no puede exceder de un año. Vencido este término, los detenidos deben quedar libres.

A esta regla le siguió una excepción relativa a tres casos en los cuales, dada la mayor complejidad en la investigación y juzgamiento, dicho término podría prorrogarse hasta otro tanto a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, a saber:

- Cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada.

- Cuando sean tres o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva.

- Cuando se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 del 2011.

Estos términos obedecieron, principalmente, al cumplimiento de una orden impartida por la Corte Constitucional, la cual de años atrás ha advertido sobre el inadecuado uso dado a esta medida en el sistema procesal penal.

La excarcelación masiva

Las medidas establecidas en la norma entrarían a regir el próximo 6 de julio del 2016. En otras palabras, en la fecha anteriormente señalada los privados de la libertad de manera preventiva por más de un año y que todavía no se les ha definido su situación jurídica saldrían en libertad.

En cifras aportadas por el Inpec, estamos hablando de 19.167 internos detenidos preventivamente por 11 meses o más, que son presuntos responsables de toda clase de delitos y que se beneficiarían con la medida.

La reacción del Gobierno

Ante ese escenario, el Ministro del Interior, la Ministra de Justicia y el Fiscal General de la Nación (e) radicaron en días pasados un proyecto de ley con mensaje de urgencia que busca extender el plazo de entrada en vigencia de esta medida, para evitar la excarcelación masiva e indiscriminada que podría representar un peligro inminente para la seguridad de los ciudadanos y la administración eficaz de justicia.

Sin embargo, este no es el único proyecto de ley radicado para evitar la entrada en vigencia de dichas medidas y en general para reformar de fondo el Código de Procedimiento Penal y el sistema penal acusatorio en Colombia:

- El 16 de abril del 2015, el Gobierno, acompañado por la Fiscalía, radicó el proyecto de ley 224/15C, esta reforma contemplaba una serie de disposiciones tendientes a promover una mayor eficacia en las actuaciones y celeridad en los términos procesales. Sin embargo, el trámite legislativo de esta iniciativa no tuvo celeridad, razón por la cual fue retirada.

- Posteriormente, la Fiscalía presentó al Congreso el proyecto de ley 021/15C, el cual reprodujo gran parte de las disposiciones contempladas por el anterior. Sin embargo, este tampoco ha sido aprobado y hasta el momento está pendiente de segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes. (Lea: Así va la amplia reforma al Código de Procedimiento Penal impulsada por la Fiscalía)

- Por último, cabe destacar que actualmente está en curso en el Congreso otro proyecto de ley de iniciativa del Ministerio de Justicia que igualmente busca descongestionar la administración de justicia penal y ofrecer un tratamiento abreviado a las contravenciones penales. Se trata del proyecto de ley número 048/15S. (Lea: Esta es la propuesta de justicia rápida presentada por Minjusticia)

(Senado de la República, P.L. 0161/16S-232/16C, Abr. 18/16)

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