El Estado debe garantizar el derecho a la educación y, por ende, adoptar planes individuales de apoyo y ajustes razonables (PIAR).

Es oportuno explorar si, de acuerdo con la normativa actual, es posible estructurar nuevos esquemas de prestación del servicio de educación virtual.

En la formulación de los proyectos de ley estatutaria y a la Ley 30 han participado más de 53.000 personas.

Si las administraciones salientes no comienzan desde ya los procesos de planeación y contractuales para los mandatarios entrantes será difícil iniciar oportunamente el servicio del PAE.

Silencio de la víctima de delitos sexuales no significa que los hechos no hubieran ocurrido.

Debería eliminarse el enfoque de género en los procesos penales, para dar paso a la verdadera protección requerida: el enfoque de pobreza.

Más de 3,4 millones de niños se beneficiarían con esta medida.

Esta política fue implementada por el gobierno de Iván Duque durante la pandemia.

La normativa se centra en los principales factores por los que se declaró el estado de emergencia social y económico en el departamento.

Se vulneraron las prerrogativas del estudiante al no garantizarle un acompañamiento idóneo ni activar rutas de atención.