La Comisión considera imperativo que el Estado adopte una perspectiva de derechos humanos, al tomar las decisiones que correspondan al marco jurídico transicional.
Los militares que, al expedirse la ley, estén descontando pena privativa de la libertad por eventuales delitos cometidos en servicio activo serían amparados con la prisión domiciliaria.
Antes de los hechos, los habitantes de la región denunciaron ante las autoridades que eran víctimas de constantes amenazas e intimidaciones por parte de las AUC.