La bancada del Centro Democrático radicó un proyecto que adicionaría varios artículos a la Constitución para crear un tribunal nacional para la fuerza pública, el cual tendría una vigencia de 12 años y su función sería revisar, en única instancia, las sentencias condenatorias proferidas por los tribunales ordinarios contra militares. El periodo de los delitos objeto de revisión iniciaría el 1º de enero de 1.980. Los nueve magistrados que conformarían esta instancia serían escogidos por decanos de las facultades de Derecho, los colegios de abogados y oficiales de la fuerza pública en retiro. Uno de los argumentos de la propuesta es que los miembros de las fuerzas armadas “han padecido en carne propia la crisis de nuestro sistema judicial”.