El Juzgado 39 Administrativo de Bogotá estudió la acción popular interpuesta por un ciudadano contra varios ministerios y empresas dedicadas a la extracción de asbesto, por vulnerar derechos colectivos al ambiente sano y al equilibrio ecológico.

Si las víctimas indirectas no cuentan con representación legal no accederán a indemnizaciones, a pesar de haber sido reconocidas.

Urge que el legislador regule en debida forma la materia y si persiste en esta inaceptable desatención será la jurisprudencia constitucional la llamada a intervenir, para que ordene que la sentencia absolutoria emitida en primera instancia no pueda ser apelada por la Fiscalía, víctimas o Ministerio...

En temas como la ampliación de las semanas de la licencia de maternidad, se ha visto una gran dificultad al aplicar la norma.

Esta visa no es documento de identidad, sino un proceso de identificación y de autorización de permanencia, previo al proceso de cedulación de extranjería, precisó la Corte Constitucional.

Consolidarse como una rama autónoma, con sus principios y métodos de interpretación, es uno de los retos que afronta esta área del Derecho.

Cerca del 75 % de los casos que llegan a la Fiscalía General de la Nación se resuelven por la vía del archivo.

La potestad sancionadora de la administración, por importante que sea el bien jurídico tutelado, debe respetar el debido proceso constitucional y convencional.

Se requieren políticas de transparencia que garanticen la tutela judicial efectiva y rescaten el ejercicio de los profesionales del Derecho.