Ante la alarmante situación de las violencias contra mujeres y personas LGBTIQ+ en Colombia, se ha discutido cómo se debe transformar el acceso a la justicia para erradicarlas.

Lo que quiere averiguar la SIC es si se infringe el régimen de protección de datos, si hubo autorización previa, expresa e informada de manera clara y transparente para garantizar el derecho de hábeas data.

La SIC ha pedido a los ciudadanos informarse sobre las eventuales consecuencias de otorgar acceso a su iris a compañías extranjeras.

Las entidades territoriales deberán facilitar el despliegue de infraestructura, garantizando calidad en el servicio y fomentando la competencia libre.

La ministra Ángela Buitrago subrayó tanto las oportunidades como las preocupaciones que conlleva el uso de nuevas tecnologías en la justicia.

Es indispensable tener claridad frente a las razones del desacuerdo, pues este debe guardar congruencia con lo pedido.