28 de Noviembre de 2024 /
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Absueltas funcionarias judiciales que participaron en captura de entrenador de fútbol sindicado de abuso sexual

28 de Noviembre de 2024

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El competente para definir si una medida de aseguramiento debe levantarse o no es el juez penal (Freepik)

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) archivó y cerró la investigación que cursaba contra cuatro funcionarias judiciales que participaron en la captura y judicialización de un entrenador de fútbol, señalado como presunto responsable de acto sexual violento con menor de 14 años en circunstancias de agravación.

Los hechos se remontan al 5 de octubre del 2022, cuando la Policía Nacional hizo efectiva la captura del entrenador en un sector del barrio Villa Miriam, en el sur de Valledupar, a partir de la denuncia interpuesta por la madre de uno de los deportistas del equipo a cargo del sindicado, quien además fue asistente técnico de la selección departamental.

En noviembre del 2023, el procesado interpuso una queja disciplinaria para que se investigara y sancionara a dos jueces y dos fiscales que participaron en la decisión de privación de libertad, argumentando que todo era producto de un montaje en su contra. Aseguró que no hubo orden judicial para su captura, que la misma habría sido ilegal, que no se respetó el debido proceso y la presunción de inocencia y que, además, existía un informe pericial que desvirtuaba las pruebas.

Legalidad de la captura

Se constató que la captura se dio con base en una orden emitida por un juzgado penal municipal con funciones de control de garantías, la cual quedó formalizada en el acta de derechos del capturado, debidamente firmada por el quejoso, quien avaló la comunicación de sus derechos, así como el buen trato físico, sicológico y moral.

Así las cosas, no quedaron dudas sobre la legalidad de la captura, soportada en una orden de autoridad judicial competente y fundamentada en los elementos materiales probatorios allegados al expediente. Igualmente, se estableció que la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía cumplió con los requisitos que la posibilitan.

Tanto la Seccional del Cesar como el alto tribunal concluyeron que los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso fueron garantizados plenamente, por lo que se confirmó la terminación y archivo de la investigación disciplinaria en favor de las funcionarias cuestionadas (M. P. Juan Carlos Granados Becerra).

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