La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional declarar inexequibles los incentivos para la formalización de actividades relativas a la explotación del mercurio. A su juicio, esta disposición no cumple con el cometido de la legislación para eliminar problemas de la pequeña minería (artículo 11 de la Ley 1658 del 2013, Cpto. 5855, D-10391). A su vez, pidió que se declare constitucional el requisito de duración mínima de dos años de la unión marital para reconocer en ella una sociedad patrimonial (literales a) y b) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, Cpto. 5858, D-10462). También pidió a la Corte que se inhiba frente a la demanda que busca excluir la expresión “los principios de derecho natural”, contenida en la norma que contempla los fundamentos alternos que se deben atender para resolver los casos dudosos en procesos regidos por códigos nacionales; esto a pesar de que considera que la norma es constitucional (artículo 4º parcial de la Ley 1887, Cpto. 5852, D-10455). Además, pidió declarar ajustada a la Constitución la imposición legislativa que da lugar a suspender alimentos por indicios de exclusión de paternidad (numeral 5º del artículo 386 del Código General del Proceso (Ley 1564/12), Cpto. 5881, D-10341) .