La demanda se interpone en contra del artículo 80 de la Ley 1617 del 2013.

A la accionante, migrante extranjera, le impusieron barreras administrativas injustificadas que agravaron su situación de vulnerabilidad.

Tutelan derechos de hombre al que asignaron vivienda, pero estaba ocupada irregularmente por otra víctima de desplazamiento.

Ordenan a la EAAB reparar vivienda afectada por filtraciones de agua provenientes de sus redes.

Sentencia C-030 del 2023, sobre protección de derechos políticos con principios constitucionales, debe ser cumplida por todas las autoridades.

La demanda fue presentada por el ex superintendente de Industria y Comercio Gustavo Valbuena Quiñones.

La legislación prevé que el registro de la propiedad inmueble será un servicio público esencial prestado por el Estado.

Es deber inaplazable del Estado salvaguardar derechos a la vida e integridad personal de los líderes sociales.

Para el alto tribunal, dicha anulación de sanciones desconoció que el Ministerio Público ejerció sus competencias para disciplinar a los servidores públicos de elección popular.

No pueden imponer un credo particular y deben garantizar alternativas en ejercicio de la libertad de cultos.