El alto tribunal advirtió que los actos de violencia ejercidos en contra de las mujeres son “la manifestación más brutal de la discriminación que padecen”.
Por regla general, las medidas de aseguramiento o penas decretadas contra uniformados deben cumplirse en cárceles especiales o en la unidad a la cual pertenecen.
La intervención de un tercero en la causación del daño sería irrelevante, porque es la existencia de un bien público lo que expone a la ciudadanía a un riesgo especial de daño, pero de manera legítima.
Demostrar la posesión es suficiente para que el accionante, legítimamente, pretenda ser resarcido por la afectación que se haya producido sobre el inmueble.
Según el Ejecutivo, la norma es fundamental para proteger a la Policía de los molestos procesos judiciales en los que se veía involucrada a la hora de ejercer sus funciones.
Se elaborará un proyecto de ley para modificar el tipo penal de lavado de activos, en concordancia con las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.