La Corte Suprema recordó que la víctima de los punibles contra la administración pública y de justicia es la sociedad, al ser tipos penales que sancionan el mal uso de la función y el cargo. Por ende, la conducta se estudia en sí misma, independientemente de los efectos causados a terceras personas, señaló. Sin embargo, cuando esos delitos lesionan a un particular, este adquiere la calidad de perjudicado y la legitimación para intervenir en el proceso, siempre que indique un daño real y concreto derivado de ellos, lo cual deber verificarse en cada caso, advirtió la corporación. Por otra parte, el alto tribunal reiteró que no existe prevaricato por acción cuando las providencias adoptadas por el servidor público exponen un criterio diverso o novedoso, abordan temas complejos o aplican preceptos ambiguos (M. P. María del Rosario González).