La Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible la norma del Código de Procedimiento Penal que le da a la defensa el último turno para alegar (artículo 443 parcial de la Ley 906 del 2004); además, la disposición da lugar a la réplica cuando la Fiscalía controvierte la postura de la parte indiciada. El concepto pide no acceder a las pretensiones, por considerar que el texto no atenta contra los derechos de la víctima a la verdad, la justicia y la reparación. Para la Procuraduría, permitir a la víctima enfrentarse argumentativamente a la defensa en esta etapa constituiría el quebrantamiento del principio de equidad de armas que se debe asegurar al acusado, tanto como a su contraparte, en respeto al derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Teniendo en cuenta que se trata de un sistema adversarial, dice, sería inadmisible conceder ventajas a la Fiscalía, como parte, o a la víctima, que además solo tiene la calidad de interviniente, al igual que el Ministerio Público. Sostuvo que no se presenta omisión legislativa relativa, entre otras, porque nada obliga al Congreso a expedir una norma que permita a la víctima participar directamente en el juicio oral.