EXTRA: Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, condenado por el ‘cartel de la toga’

Información actualizada el 25 de marzo del 2021:

 

Hace pocos minutos se informó el sentido del fallo condenatorio contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, la pena principal será de 230 meses, multa de 485 salarios mínimos mensuales (smlmv), inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por 115 meses y multa de 10 smlmv.

 

 

 

El Juez 10° Penal del Circuito de Bogotá informó el sentido del fallo condenatorio frente al caso del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte Gómez, en el proceso conocido por el país como el “cartel de la toga”, por los delitos de:

 

1.                Concierto para delinquir.
2.                Cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo.
3.                Utilización indebida de información privilegiada.
4.                Tráfico de influencias.

 

En esta oportunidad, la Fiscalía General de la Nación (FGN) demostró que el exmagistrado Ricaurte, junto con algunos funcionarios judiciales y un grupo de abogados, promovió y dirigió una organización criminal que, en al menos tres oportunidades, recibió dádivas para interceder en el curso de procesos penales contra aforados constitucionales.

 

El ente acusador estableció que dentro de la red de corrupción el abogado Luis Gustavo Moreno era el encargado de recibir los dineros de los procesados que él contactaba y dicha suma era distribuida entre el exmagistrado Ricaurte y otras personas, quienes se encargaban de realizar gestiones indebidas en diferentes instancias judiciales para manipular las decisiones e intentar favorecer a los aforados que pagaron.

 

Así las cosas, la Fiscalía logró desvirtuar la presunción de inocencia de Ricaurte, puesto que no se probó causal alguna que lo eximiera de la responsabilidad. En virtud de ello, el fallador de conocimiento avaló los elementos probatorios y testimonios obtenidos y emitió sentido del fallo condenatorio.

 

Finalmente, ordenó la captura de Ricaurte Gómez y libró la orden de encarcelacion a través del centro de servicios judiciales de Paloquemao. En este momento continúa la audiencia contra el exmagistrado.

 

Algunos procesos en los que tuvo injerencia

 

Dos de los eventos acreditados dentro del juicio contra el exmagistrado Ricaurte se relacionan con procesos que se seguían en el despacho del exmagistrado Gustavo Malo Fernández.

 

En el primero, el excongresista Álvaro Ashton habría entregado $ 1.200 millones para dilatar, archivar o prescribir la investigación en su contra por presuntos nexos con grupos paramilitares. Aquí Ricaurte Gómez recibió $ 400 millones.

 

En el segundo, el exsenador Musa Besaile Fayad, presuntamente, pagó $ 2.000 millones para frenar una orden de captura en su contra. En esa ocasión al exmagistrado le habrían correspondido $ 250 y $ 290 millones.

 

Un tercer caso está relacionado con $ 30 millones que, al parecer, dio el exgobernador de Valle de Cauca, Juan Carlos Abadía, para presuntamente dilatar un proceso por corrupción.

 

Estructura criminal

 

La FGN precisó que hacían parte de esta organización criminal, además “del líder y creador, Francisco Javier Ricaurte Gómez”, Jose Leónidas Bustos Martínez (exmagistrado), Gustavo Malo Fernández (exmagistrado), Luis Gustavo Moreno Rivera (exfiscal anticorrupción), entre otros que participaban eventualmente.

Trayectoria

Ricaurte es abogado de la Universidad de Cartagena y tiene dos posgrados en derecho laboral de las universidades Nacional y Javeriana.

 

Inició su trayectoria en la Rama Judicial en 1982, como citador y escribiente de juzgado en la capital de Bolívar, así como auxiliar judicial de la Procuraduría en esa misma ciudad. También fue juez civil municipal y juez laboral del circuito, magistrado de la sala de descongestión laboral del Tribunal Superior de Barranquilla y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

 

En el 2004 fue elegido magistrado titular de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y llegó a la presidencia del alto tribunal el 30 de enero del 2008.

 

A finales del 2012, la máxima corporación de la jurisdicción ordinaria, a la que había pertenecido y presidido, lo eligió magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, elección que fue anulada por la Sala Plena del Consejo de Estado a mediados del 2014, por haberse configurado la prohibición constitucional consagrada en el artículo 126 de la Constitución.

 

En septiembre del 2017, a solicitud del Fiscal Tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el juez segundo de control de garantías libró orden de captura en su contra y fue imputado como posible responsable de los siguientes delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada.

 

Investigación

 

La investigación se llevó a cabo por una serie de casos de corrupción en la administración de justicia, conocidas en la opinión pública como “cartel de la toga”, que involucraban a Ricaurte por hacer parte de un entramado que ofrecía congelar decisiones judiciales para favorecer a congresistas, como el senador Musa Besaile, quien denució que a través del exfiscal Luis Gustavo Moreno recibió presiones de Ricaurte y Leonidas Bustos para que pagara para evitar una orden de captura en su contra, por una investigación por parapolítica que estaba a cargo del entonces magistrado de la Sala Penal, Gustavo Malo, también vinculado actualmente al proceso.

 

Estas personas, al parecer, se reunían periódicamente en sus residencias o en lugares públicos como hoteles, reconocidos restaurantes o incluso fuera del país, como sucedió a finales del 2014 en el Hotel Marriott en Miami (EE UU), con el fin de planear la operación de la organización y, a su vez, la forma para manejar los procesos.

 

Por ejemplo, en mayo de 2019, cuando le fue decretada medida de aseguramiento preventiva al magistrado Malo, gracias a las pruebas del proceso se tuvo conocimiento del episodio relacionado con la sustracción de informes de interceptación ordenada en el proceso contra el excongresista Álvaro Ashton, en el que el monitoreo de varias líneas de celulares utilizadas por el aforado arrojó como resultado conversaciones entre este y Francisco Ricaurte, en las que –al parecer- se evidenciaba la negociación para evitar la apertura de la instrucción.

 

La existencia de esas interceptaciones y de su contenido incriminatorio para Ricaurte es confirmada en las diligencias por Luis Gustavo Moreno, quien señaló que por medio del expresidente de la Corte Suprema de Justicia se enteró de que José Reyes Rodríguez (exmagistrado auxiliar del despacho de Malo) había mencionado esas conversaciones a otro magistrado de la Sala de Casación Penal, lo cual, según el mismo testigo, causó molestia a Ricaurte y fue uno de los hechos que propició su salida de la Corte Suprema.

 

Es la primera vez que se investiga y condena penalmente a un expresidente de la Corte Suprema. En su momento hubo ruptura procesal del expediente, por lo que se siguió adelante con el proceso en la Corte y de manera independiente en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de asumir los casos en contra de los aforados constitucionales. La razón es que las conductas se cometieron cuando ya no ejercía como magistrado, por lo cual se consideró que la justicia ordinaria asumiera el proceso.

 

Esta es una noticia en desarrollo, daremos a conocer posteriormente todos los argumentos del fallo condenatorio en contra de Francisco Ricaurte. Precisamente, al finalizar la audiencia de hoy el juez anunció que el 25 de marzo, a las 8:00 a. m., se adelantará la lectura de la sentencia.