Minjusticia cree que en la virtualidad el juez penal no percibe elementos esenciales para decidir

En un concepto enviado a la Corte Constitucional, el Ministerio de Justicia expresó su concepto sobre una demanda que pretende que la virtualidad en la justicia penal sea de carácter permanente.

El accionante cree que las normas acusadas al excluir a la justicia penal están discriminando de manera injustificada a usuarios, funcionarios y abogados, basadas en prejuicios, sin justificación alguna y afectando los derechos de todos los interesados. Agrega que cuando el artículo 7º en su parágrafo establece reglas específicas a la jurisdicción penal se deja al arbitrio del juez la manera en que se desarrolle la diligencia, lo que no ocurre en las demás áreas, donde claramente hay una regla general de virtualidad y una excepción de presencialidad.

En su concepto, el Ministerio de Justicia precisó que no existe en realidad una exclusión absoluta de la virtualidad para la especialidad penal, sino una regulación especial para ella, consistente en la posibilidad de optar, por parte del respectivo juez o magistrado, por la virtualidad o por la presencialidad, con la limitación de que para el caso de las pruebas se practiquen de manera presencial.

Esta excepción se justifica para el caso de la justicia penal, por sus particularidades. Resalta el concepto la igualdad de armas necesaria entre el ente acusador y la defensa, en cuanto a la igualdad de oportunidades de acceso al material probatorio que determinará la condena o la declaración de inocencia del acusado.

A través de la recepción personal de la prueba se tiene capacidad de apreciar las reacciones y gestos que permitan evaluar aspectos comportamentales de un testigo, explicó la cartera de Justicia.

Agregó que la virtualidad impide conocer las posibles presiones que puedan estar siendo ejercidas sobre un testigo en el momento de su dicho, pues, a título de ejemplo, puede estar siendo amenazado con un arma detrás del computador, sin que ello sea visible o percibido por el juez.

Por los motivos señalados, el Ministerio solicitó a la Corte Constitucional declarar exequibles las disposiciones acusadas.