Gobierno y Fiscalía promueven penas sustitutivas con enfoque social

Por iniciativa del Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, se implementó un programa que permite a mujeres en condiciones de marginalidad pagar sus condenas a través de servicios comunitarios. Esta medida, amparada en la Ley de Utilidad Pública (Ley 2292 del 2023), busca evitar el cumplimiento de penas de prisión, ofreciendo una alternativa con enfoque restaurativo.

Según el Ministerio de Justicia, 5.942 mujeres cumplen los requisitos para beneficiarse de esta ley en todo el país. De ellas, 1.423 están en el centro carcelario El Buen Pastor de Bogotá. Hasta el momento, 105 reclusas han sido liberadas bajo este programa y ​​se han habilitado 2.549 cupos gracias a la colaboración de 27 organizaciones vinculadas al proyecto, entre las que se encuentran entidades públicas y ONG. (Lea: Publican fallo que declaró inexequible enfermedad muy grave para obtener sustitución de pena intramural)

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, resaltó la importancia de la articulación institucional para la ejecución de esta política. El ministerio ha brindado asesoría jurídica y acompañado a más de 5.000 mujeres en los centros penitenciarios para determinar su elegibilidad. La funcionaria también destacó la prioridad de ampliar la cobertura para garantizar que más mujeres puedan acceder a este beneficio.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución que busca fortalecer el enfoque diferencial en la aplicación de la ley. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que el bajo número de penas concedidas se debe al desconocimiento de la normativa e interpretaciones restrictivas por parte de algunos operadores judiciales. Para contrarrestar esto, se implementarán guías pedagógicas dirigidas a jueces, defensores públicos y asistentes sociales.

La Fiscalía General también tomó medidas para garantizar la correcta implementación de la ley. La fiscal Luz Adriana Camargo emitió directrices a los fiscales para verificar si las mujeres procesadas son madres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad. Esto permitirá promover el uso de la Ley de Utilidad Pública desde la fase de sentencia condenatoria.

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, con los datos identificadores y documentos sin límite.

Paute en Ámbito Jurídico

Siga nuestro canal en WhatsApp.