Hay 2.549 cupos para mujeres que quieran sustituir su condena por servicios comunitarios

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, firmaron una declaración conjunta para fortalecer la implementación de la Ley de Utilidad Pública. Como parte de este compromiso, se crearán 200 nuevas plazas donde las beneficiarias de esta normativa podrán prestar servicios comunitarios a cambio de la conmutación de sus penas.

Ambas funcionarias reafirmaron su compromiso con la equidad de género y la protección de los derechos de las mujeres. La Ley 2292/23 permite que las mujeres cabeza de familia que hayan cometido delitos menores en condiciones de vulnerabilidad y sin antecedentes recientes sustituyan su pena de prisión por trabajo social. Hasta la fecha, 130 mujeres han accedido a este beneficio en 11 departamentos del país. (Lea: Así es la ley que permitirá salir de las cárceles a madres cabeza de hogar)

A nivel nacional se habilitaron 2.492 plazas en convenio con entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro. Además, el Ministerio de Justicia creó 50 nuevas plazas y los jueces han ordenado la apertura de siete adicionales, elevando el total a 2.549 cupos. Según la ministra Buitrago, esta ley promueve una justicia restaurativa con enfoque de género, facilitando la reinserción social de las beneficiarias.

En el mismo evento, el viceministro de Política Penal y Justicia Restaurativa, Diego Olarte Rincón, presentó "María", una herramienta tecnológica diseñada para gestionar solicitudes y optimizar el proceso de conmutación de penas. Este sistema permitirá a los defensores públicos analizar casos, detectar dificultades y proponer mejoras en la aplicación de la Ley de Utilidad Pública.